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Las empresas que
intentan entrar en la onda verde
A un año de la firma del Protocolo de Kyoto, por Damián Kantor
En total son 165 proyectos de nuevas inversiones en la Argentina, que
prometen reducir la emisión de gases tóxicos. La mayoría son propuestas de
forestación, quema o reutilización de gases en rellenos sanitarios y
tratamientos de desechos industriales y animales, que generarían alrededor
de 150 millones de dólares anuales. Y los entendidos dicen que esto es sólo
el principio.
Se trata del mercado de los denominados bonos de carbono, que premia el uso
industrial de tecnologías limpias que ayuden a frenar el proceso de
calentamiento global del planeta. Es el instrumento acordado y ratificado
por 157 países, con el aval de las Naciones Unidas, en el marco del
Protocolo de Kyoto, que dentro de once días, el 16 de febrero, cumple su
primer año de vida.
Este pacto internacional refleja la preocupación de las naciones
industrializadas por los perjuicios que causan sus industrias a la
atmósfera. Y las compromete a reducir emanaciones tóxicas un 5,2%, promedio,
por debajo de los niveles de 1990. Son las empresas de esos países, sin
embargo, las que tienen metas para reconvertir sus fábricas, o invertir en
naciones en vía de desarrollo, como la Argentina, comprando bonos que hace
un año cotizaban a 4 dólares y hoy están al doble.
"Si todos los proyectos presentados el año pasado en la Argentina fuesen
aprobados, se eliminarían el equivalente de entre 15 y 20 millones de
toneladas de dióxido de carbono. Según sea la cotización de los bonos es
posible esperar ingresos en torno de los US$ 150 millones", dijo una fuente
del Gobierno y añadió: "Hay que tener en cuenta que estos son los proyectos
de los que ya tenemos conocimiento directo, pero hay otros en preparación
que expandirían estas cifras".
Rellenos redituables
La secretaría de Ambiente y Desarrollo, a través del Fondo Argentino de
Carbono, es la encargada de recibir y constatar los proyectos presentados
por las compañías. Hasta el momento, 6 ya fueron aprobados a nivel nacional
(para eliminar casi 2,5 millones de toneladas de dióxido de carbono) y 3 de
ellos cuentan con el visto bueno de la ONU.
Una de estas inversiones, que ya está funcionando, es un contrato que firmó
la empresa holandesa Van der Uiel con el CEAMSE, la sociedad estatal que
depende de los gobiernos porteño y bonaerense, y que se encarga de
administrar los rellenos sanitarios en el conurbano. La iniciativa se basa
en la captación y quema de gas metano en el basural de Villa Domínico. La
basura deja muy buenos dividendos, porque en la tabla de equivalencias, la
tonelada de metano representa 23 toneladas de carbono.
El CEAMSE tiene firmados otros tres contratos, que se encuentran en
distintas etapas de evaluación, y que funcionan así: las empresas se hacen
cargo de las instalaciones y pagan un 30 por ciento de las utilidades de los
bonos al organismo.
El ingeniero Guillermo Botero está a cargo de otra de las iniciativas a
través de Ariabiz, una sociedad entre ASJA, de capitales italianos y una
empresa del grupo Pescarmona. Sobre la rentabilidad de la inversión,
estimada en 8 millones de dólares, dijo que no tiene certezas y que es un
negocio a 10 años y de alto riesgo. "Ocurre que aún no hay un valor de
mercado para los bonos".
Sin embargo, el ejecutivo se mostró optimista: "Uno aspira a que el precio
pueda subir y que la energía podamos venderla. Pero el proyecto tiene un
estimado de 3 millones de toneladas en el transcurso de 10 años", agregó.
¿Son muchos o pocos los 6 proyectos presentados por la Argentina en la ONU?
A enero de este año hay unos 950 proyectos en todo el mundo que están en
diferentes etapas de evaluación, y que reducirían unas 1200 millones de
toneladas de gases de efecto invernadero, que equivalen a 1200 millones de
bonos.
El mecanismo establecido en el Protocolo de Kyoto, prevé la compra-venta de
créditos de emisión y metas para que los países industrializados bajen la
contaminación. Los que sobrepasen esas metas (o que no tengan ninguna),
pueden vender sus excedentes a los infractores, en un mercado que se irá
conformando hasta 2007, pero que entrará en vigencia al año siguiente.
Muchos especialistas dudan de los resultados del acuerdo porque 4 naciones
industrializadas no ratificaron el acuerdo de Kyoto, entre ellos Estados
Unidos y Australia. Estos dos países son responsables de emanar el 33 por
ciento de la polución industrial que recalienta el planeta.
A grandes rasgos, hay dos grandes centros de demanda de bonos: uno es la
Unión Europea, que debe reducir emisiones un 8 por ciento, es decir, un 3%
por encima del promedio mundial. En ese continente hay unas 12 mil
instalaciones contaminantes. Y se negociaron en 2005 proyectos por 4500
millones de euros. Allá, estos bonos verdes a futuro cotizan hoy 24 euros.
El otro mercado es el Mecanismo para un Desarrollo Limpio. En él participa
la Argentina. El año pasado se negociaron US$ 850 millones. Se calcula que
el total de la demanda, contando Europa, Canadá y Japón, considera eliminar
4000 millones de toneladas de dióxido de carbono.
La misión
El Banco Mundial se muestra muy activo a la hora de captar esta clase de
negocios. En Buenos Aires, el responsable del Programa Ambiental, Carter
Brandon, ante una consulta de este diario, explicó la función del organismo
en este nuevo mercado verde.
"Hay varios fondos de países que quieren comprar esa clase de bonos en los
países en vías de desarrollo, y que han contratado al Banco Mundial. España
quiere poner cerca de 500 millones de dólares", señaló el funcionario.
Brandon opina que en Chile "hay muchos proyectos" financiados en parte por
el Banco Mundial. "Tenemos un rol clave en crear el mercado. En Chile hay
dos usinas hidroeléctricas. En la Argentina, financiamos parte de uno en
Olavarria, sobre captura de metano, pero tenemos en proceso de aprobación
otros cinco proyectos más".
Mencionó uno de reciclaje, en Tucumán, en Chubut, también de captura de
metano; dos de reforestación, uno en Chaco y en otro en Buenos Aires. "Lo
que es fundamental es que tenemos un compromiso con el Gobierno para comprar
hasta el 40 por ciento del valor de los bonos cuando se aprueben proyectos.
"El valor por tonelada de carbono, hoy en el mercado mundial oscila entre 6
y 7 dólares, pero al momento de cumplir el contrato eso puede cambiar. En mi
opinión, en materia de presentación de proyectos, Chile y China son los más
avanzados, y después Brasil. En la Argentina y México, la movida recién
comienza, pero hay mucho potencial", concluyó.
En el sur del país, Jorge Zavatti, jefe de departamento de Control Ambiental
de Aluar, en la planta de Puerto Madryn, cuenta que elaboraron una
iniciativa que apunta a reducir 120 mil toneladas anuales, durante un plazo
de 10 años.
"Está referido a una innovación tecnológica que produjo nuestra gente con
las cubas de produccion de aluminio. Lo hicimos con MGM, una consultora
internacional. Está en etapa de prueba, y es el único de este tipo que anda
dando vueltas en el mundo".
Si la idea prospera a nivel nacional, y lo aprueban las Naciones Unidas,
Zavatti se esperanza con acreditar los primeros bonos recién a mediados de
2007.
Una papelera chilena que usa tecnología limpia
En medio de las controversias por la construcción de las papeleras en
Uruguay por la supuesta contaminación, Gustavo Fernández Protomastro,
biólogo y director de Ecogestionar, una consultora dedicada a los negocios
ecológicos, sostiene que si los procesos de fabricación de celulosa se
realizan con tecnologías limpias, el proyecto incluso podría llegar a
acreditar los bonos de carbono.
El especialista argumentó que una empresa chilena, CMPC, la principal
fabricante de celulosa de aquel país, está gestionando el pedido ante las
Naciones Unidas. "El Protocolo de Kyoto establece que todo proyecto
industrial que utilice energías alternativas a los combustibles fósiles
-dijo Protomastro a Clarín- podrían resultar beneficiados".
Los cuestionamientos a la actividad de las papeleras, añadió, son las
emisiones de cloro que afectan al agua y también a la atmósfera. "En Uruguay
sostienen que para procesar la celulosa utilizarán el sistema Kraft. Esto
implica la utilización de calderas y cloro, lo que genera una alta
generación de vapor, que si están bien tratados no contaminan", dijo.
En Chile es común la utilización del vapor para la generación de
electricidad. Según Protomastro, estas inversiones podrían encajar muy bien
dentro de lo establecido en el denominado Mecanismo de Desarrollo Limpio,
que premia a las nuevas inversiones que reducen las emisiones de gases que
propician el efecto invernadero.
CMPC es pionera en Chile en la fabricación de celulosa y papel. Y genera
negocios a través de las filiales y plantas industriales que posee en Chile,
Argentina, Perú y Uruguay. Según informa el sitio oficial de la empresa en
Internet, "las modernas plantas de celulosa no sólo se autoabastecen, sino
que generan un excedente de energía. Se trata de una industria impulsada por
la energía solar, la cual puede ayudar a reducir el uso de fuentes de
energía no renovables como petróleo, carbón y gas".
Esta empresa, además, realiza numerosas campañas de educación en ámbitos
escolares sobre el cuidado del medio ambiente. Si los auditorías de la ONU
lo comprueban, la compañía podrá capitalizar bonos verdes.
Fuente: Clarín, 5 de febrero de 2006
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Sistema de
apoyo para cumplir con el Protocolo de Kyoto
El Comité de Cumplimiento del Protocolo de Kyoto, orientado a la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero ha comenzado operaciones
dirigidas a apoyar y aconsejar a los países que están teniendo dificultades
para cumplir con los requisitos establecidos en el Protocolo de Kioto, según
informó esta semana la Convención Marco sobre Cambio Climático de Naciones
Unidas (UNFCCC, por sus siglas en inglés).
En este sentido, el jefe de la Secretaría sobre Cambio Climático de Naciones
Unidas, Richard Kinley, aseguró que un mecanismo de cumplimiento fuerte y
eficaz de los acuerdos de Kioto "es clave para el éxito de la puesta en
práctica del Acuerdo".
Por su parte, el director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), Klaus Toepfer, manifestó su satisfacción por el
lanzamiento de este nuevo sistema de apoyo al cumplimiento de Kioto entre
los países con mayores dificultades.
Asimismo, indicó que tras este reciente anuncio "los beneficios del acuerdo
deben ser legalmente vinculantes", ya que "de ello depende la integridad del
Pacto y de sus provisiones, en particular la credibilidad de los mercados de
venta de emisiones".
De esta forma, Toepfer añadió que con el refuerzo de este acuerdo el Comité
de Cumplimiento del Protocolo "tiene el poder de determinar las
consecuencias para los países que no están cumpliendo con los requisitos".
Asimismo, apuntó que esta iniciativa ha sido diseñada con el fin de ayudar y
aconsejar a los países y sobre todo a las empresas sobre la mejor forma de
amoldarse a las exigencias del Protocolo.
El Protocolo de Kioto se puso en marcha en 1997, con la participación de 35
países industrializados y de la Unión Europea que acordaron reducir las
emisiones de los gases de efecto invernadero en un 5% respecto a los niveles
de 1990, entre los años 2008 y 2012. Por este motivo, los veinte
países miembros del Comité de Cumplimiento del Protocolo tratará de forma
específica los casos de incumplimiento, así como el aumento de las
exigencias para otros países.
Se trata, según Toepfer, de una necesidad urgente, ya que "los signos del
cambio climático están a nuestro alrededor", como por ejemplo en el deshielo
del Ártico y de los glaciares producidos por el calentamiento global. Es un
fenónemo "real", dijo, y los objetivos de Kioto "son modestos y factibles",
para conseguir reducir el impacto sobre la atmósfera de los gases
contaminantes, en especial en países desarrollados.
Fuente: ComunicaRSE (Europa Press)
Marzo de 2006
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