Asesoramiento. Capacitación. Diseño de Proyectos. Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Diagnósticos - Método con Seguimiento y Sistematización en red ...                  
consultas info@codigor.org

Una revisión transdisciplinaria de los Derechos del Niño ... con Identificación de las Diferencias y Atención a la Divesidad ... edad, género, hábitat, impactos en sí mismos, en su familia, comunidad, país, planeta ...

Reunimos información oficial sobre los Derechos del Niño.
Complementamos los recursos recientes de
la RSE en Infancia ...

Articulamos el desglose (en edad, género y hábitat) que elaboramos desde 2013 ...

   

 

Nuestras Propuestas y Recursos ... en proceso de evaluación:

Efecto Niña Adolescente Sustentable, NO significa privilegio de género ...
Propone un enfoque preventivo acorde a las causas naturales y culturales que diferencian a la niña y al varón adolescentes.

    

Foro Permanente.
Está abierto desde octubre de 2014.
Contiene las bases de la 2ª etapa
del Programa ENAS
Qué pautas e iniciativas deben elaborarse
-desde la imagen-

¿Por qué es importante la educación para las niñas? Plan

Responsabilidades en las Comunicaciones y Periodismo
Inversión Social Privada en Infancia y RSE-I

Campañas: Tarjeta Roja contra el Trabajo Infantil -
Violencia contra los Niños: campaña
UNICEF - Su Cuidado
Turismo Sexual Infantil. América 1º: México, Brasil, Colombia, Perú y Argentina
Obesidad: la ONU pone en foco la publicidad dirigida a los niños




 

 Propósitos:
 Información + Incidencia
 para

 

Investigaciones en impactos en la familia, empleo.
Charlas, Jornadas, Seminarios, Capacitaciones.
Proyectos para Universidades, OSC, Organismos Públicos y Empresas.


Las Especialidades:
Neurosicoeducación - Coaching para Padres - Asistencia Psicosocial
Salud -Obesidad, Nutrición y Sexualidad-  Adicciones, Bulimia y Anorexia
Inversión Social - Reportes de Sustentabilidad - Comunicación Responsable Teletrabajo - Nanotecnología - Permacultura y Construcciones Naturales Servicios en Seguridad Comunitaria - Prevención en Riesgos y Contingencias

 

 

Alerta ADOLESCENTES . . .

Qué es el ENAS

Es un emprendimiento centrado en la complejidad de los cambios bio-neuro-psicosociales que alcanzan a los niños, niñas y adolescentes, desde su concepción hasta los 18 años.

Elabora la diversidad de factores que impactan en la maduración temprana de la primera infancia y los residuales en una adolescencia más compleja, con nuevas demandas de pensamiento crítico, educación, salud, seguridad, etc.

Propone revisar en conjunto de organismos públicos, empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil, cómo interpretamos las causas naturales y culturales que diferencian las necesidades propias de la niña y el varón adolescentes, para intervenir en el marco integral de la sustentabilidad socioambiental y económica.

Se originó en la hipótesis de trabajo "Cómo agregar valor socioproductivo a los resultados" que realizamos en 2012 con los propósitos de evaluar: 1) los avances anuales de la RSE según el diagnóstico de los nudos críticos en su evolución, y
2) la premisa del patrón socioproductivo como el modelo que mejor se ajusta a los tiempos que vienen.

El enfoque psicosocial nos presentó dos emergentes: investigar el efecto como factor de legitimidad en la medición de los resultados, y profundizar el fulcro de las oportunidades de la mujer, entre los Derechos Humanos y Empresas.
Avanzar en este último punto, nos indujo a estimar el "momento semilla de la niña adolescente" como palanca de las demandas actuales del género femenino y a interpretar una "alerta en los impactos distintos que alcanzan a la niña y al varón adolescentes"; esto nos llevó a formular a esta franja etárea, como una etapa bisagra en el desarrollo humano pleno y no sólo un mero estadio de transición.

Sobre estos elementos, diseñamos el Efecto Niña Adolescente Sustentable -ENAS- como una construcción colectiva.
Se rige por la Convención de los Derechos del Niño y se implementó de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM-; a los principios del Pacto Global del PNUD y a la última versión de la GRI que promueve la incorporación de los Derechos del Niño en los Reportes de Sostenibilidad. También facilita: las últimas Observaciones Generales del Comité de Derechos del Niño -que articula Estado y Empresa en los Derechos del Niño- y la Guía Promover, Respetar, Remediar. Todos Ganamos, con los Derechos Humanos y las Empresas (marco Ruggie).

Actualmente lo estamos alineando a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

En particular, esperamos articular los recursos instrumentales de la RSE-I (en Infancia) promovida por UNICEF Argentina y las iniciativas públicas y privadas -nacionales y latinoamericanas- que ampliamos en los próximos apartados.

Procura adaptar a nuestra idiosincrasia, 3 antecedentes mundiales:
1) Campañas vigentes en 50 países en desarrollo, 13 de los cuales, son latinoamericanos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.


2) Mensajes
de los líderes mundiales que promueven a la niña, en el centro de las políticas socioeconómicas. Por su  mayor potencial en la generación de cambio y gestación de vida, en sus familias, comunidades y países.

3) La consigna de preparar a los jóvenes, ante la “profunda transformación cultural del modelo familiar, la educación de niños y adolescentes que viven en situaciones complejas … facilitarles capacidades de buscar la verdadera felicidad, al desenmascarar y rechazar las ofertas a bajo precio que se les ofrecen” … acompañarlos en sus decisiones responsables de “hacer lío” en la “construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno”, expresiones del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud, en Río, Brasil, julio de 2013.
En estos días, hemos integrado los objetivos de "unir escuelas, deportes populares y solidaridad" que propone Scholas Occurrentes como Red Mundial de Escuelas para el Encuentro. Inspirada en un sentido anhelo del Papa Francisco, busca ser un puente (de tecnología y educación) para los proyectos de los centros educativos intentando enriquecerse mutuamente y apoyar, especialmente, a las escuelas de menores recursos en pos de una educación sin excluidos.

El Programa -ENAS- se presentó el 11 de Octubre de 2013, en adhesión al Día Internacional de la Niña, en su segunda edición mundial y celebrado por primera vez en Argentina y cono sur. El desarrollo de la primera etapa propone una elaboración consensuada, hasta el próximo 11 de octubre.
La red en construcción colectiva opera a través de la adhesión voluntaria de entidades sociales, públicas y privadas.
La convocatoria está abierta. Información e inscripción en info@raenas.net

 

La campañaPor un buentrato a chicos y chicas” tiene el objetivo de promover las relaciones libres de violencia y maltrato entre familias e hijos. Forma parte de un proyecto conjunto entre UNICEF Argentina y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Acuerdo con las Provincias Argentinas.
Esta iniciativa, busca concientizar el trato respetuoso hacia los chicos y chicas, e involucrar a la ciudadanía en el cumplimiento y promoción de sus derechos, proponiendo a su vez entender al “Día del Niño” no solamente como un festejo comercial, sugiriéndose para ello celebrarlo en adelante como el “Día del Buentrato a chicos y chicas”.

... ya superó las 10 mil adhesiones y se busca incluir la palabra "buentrato" en el diccionario de la Real Academia Española.
 

Inauguración del Primer Centro modelo de Desarrollo Infantil

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, puso en marcha el Plan Nacional de Primera Infancia y el Plan Nacional de Capacitación destinada a la contención y abordaje integral de niños y niñas de 45 días a 4 años en situación de vulnerabilidad y riesgo social. Este mes, se inaugurará el primer Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de cinco que se ejecutarán en La Rioja. Viernes 06 de Mayo del 2016

En el micro cine de la Universidad Nacional de La Rioja y en dos jornadas de trabajo, se realizó el “Primer encuentro de Capacitación Gestión Integral de Centros de Desarrollo Infantiles (CDIs)”, donde miembros del equipo técnico de la Comisión Nacional de Centros de Desarrollo Infantil (COCEDIC), brindaron instrucción sobre temáticas relacionadas a la primera infancia, a los operadores de las guarderías Dulzura y Angelitos de Luz, a los equipos técnicos y referentes de jardines maternales de toda la provincia.
La capacitación estuvo centrada en la construcción historia de la infancia, la Gestión Integral de CDIs, la Seguridad e Higiene, el Juego en la primera infancia: herramientas prácticas y concepciones teóricas.
El acto de apertura, estuvo encabezado por el ministro de Educación, Juan Luna Corzo; la subsecretaria de Niñez y Adolescencia, Lorena Robledo; la subsecretaria de Desarrollo e Inclusión Social, Ana María Sotomayor; el director de Gestión de promoción de los Centros de Desarrollo Infantil de Nación, Ricardo Zanfardini,, a cargo de las capacitaciones. Asimismo, acompañaron intendentes del Departamento Felipe Varela, Yamil Sarruf y Ángel Vicente Peñaloza, José Albarracín entre otras autoridades.
El encuentro forma parte de las acciones articuladas con áreas de Nación, que impulsan la creación de cinco Centros para la Primera Infancia que se ubicarán en la Ciudad Capital, Arauco, General Felipe Varela, Ángel Vicente Peñaloza y Chilecito.
Cien niños - En este marco, la subsecretaria de Niñez y Adolescencia, Lorena Robledo, explicó que este plan apunta a “el fortalecimiento de los espacios socios comunitarios y educativos que existen ya en la provincia, bajo el nombre de Centros de Desarrollo infantil, más conocidos como CDI, guarderías o jardines maternales, que justamente esta política tiende a sustituir esos espacios y pasan a denominarse Centros para la Primera Infancia. Eso por un lado, el fortalecimiento a través de la capacitación y los recursos para su funcionamiento óptimo”.
La funcionaria, anunció que “gracias al apoyo y trabajo de la ministra de Desarrollo Social, Griselda Herrera, y los equipos del área este mes se inaugurará el primer centro modelo para la región de Cuyo, donde vamos a contener y albergar a 100 niños aproximadamente; será el primero de cinco que fueron aprobados que se ubicaran en el Interior provincial”.
Además, especificó que “estos espacios, están destinados a niños y niñas antes de la escolarización formal y que se encuentran en situación de vulnerabilidad y riesgo social; por lo tanto se hará una selección en base a criterios que estamos definiendo con la Comisión COCEDIC del SENAF. Y la intención es la de contener a 100 niños”.
El gobierno Nacional y Provincial acordaron que los Centros para la Primera Infancia se ubicarán en la ciudad Capital, Arauco, Gral Felipe Varela, Ángel V. Peñaloza y Chilecito.
Por último, Robledo destacó la participación de los destinatarios del encuentro. “hoy, está toda la provincia representada porque, excepto en dos Departamentos, en el resto fueron creados estos espacios que están muy dispersos, están sin atención y contención en este momento y la idea es concentrarlos y trabajar sobre la misma línea política para la primera infancia”.
Cuatro mil centros - En su intervención, el director de Gestión, Ricardo Zanfardini, estableció que “siempre nos preocupó básicamente la situación territorial y las problemáticas que atraviesan los niños en las distintas localidades; el factor socio comunitario y los familiares, es lo que nos desvela. De ahí que este plan nacional, además de trabajar intensamente las problemáticas de la primera infancia, tiene una impronta muy fuerte en la vinculación con la familia y del empoderamiento de las familias de estos espacios y por supuesto de todo el personal involucrado en estos procesos”.
El funcionario nacional manifestó que “el objetivo meta es llegar a inaugurar 4 mil centros en estos cuatro años de gestión y tenemos todas las fuerzas puestas en este proyecto. Sabemos que, es la primera vez en la historia de nuestro país, se instaura una política pública vinculada específicamente a primera infancia”.
Por su parte el ministro de Educación Ciencia y Tecnología, Juan Luna Corzo aseguró que “la vida que tiene una persona se define en los primeros años. La buena o mala alimentación, la buena o mala calidad educación, la buena o mala atención primaria de la salud, la buena o mala calidad de afecto humano que pueda tener en esos años, va a definir a esas personas para el resto de sus vidas”.
"De ahí radica la importancia de esta política y de trabajar con los más chiquitos, en especial trabajar con los niños que están en vulnerabilidad, porque estamos hablando del eslabón más débil dentro de la edad más débil y que eso que nosotros tenemos la oportunidad de trabajar por estos chicos, lo hagamos despojados de nuestros cargos y con el corazón”, concluyo el ministro.
Centros de Desarrollo Infantil - Son espacios de cuidados promocionan y fortalecen el abordaje integral de niños y niñas. También se apunta a la estimulación temprana, promoción de la salud y contención social. El objetivo es garantizar el pleno ejercicio de los derechos del niño y su grupo familiar.
sic Fuente: Fenix 951

  

 

Imágenes conectadas para ampliar la información

 
mujeres malabaristas
en una sociedad desigual

Eleonor Faur 
Siglo XXI Editores

     

Responsabilidades en las Comunicaciones y el Periodismo

     

CONACAI -
Guía Periodística para Informar con Responsabilidad sobre Niñez y Adolescencia.
Presenta recomendaciones (no es un decálogo de buenas prácticas), sino un piso mínimo de 10 elementos para que los periodistas consideren, al "hacer noticia” un tema o hecho vinculado a la niñez o adolescencia.
-información y acceso al documento desde la imagen-

14 Criterios de Calidad de Contenidos Audiovisuales para Niñez y Adolescencia.
Plantean el desafío de transformar los contenidos audiovisuales para la infancia de manera que puedan sentirse incluidos no como receptores pasivos sino como partícipes de la producción de contenidos.
-información y acceso al documento desde la imagen-

  

Otros temas en RAENAS.net 

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Fuentes Oficiales - Iniciativas


CDN

Organismos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación - SENNAF
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Gobierno C.A.B.A.

   

         

 

 Contenido para Elaborar ...

 

 

 

 

   Introducción aquí

 RSE - Todas las Empresas Deben                                                                    -desde la página 40 -

1. Cumplir con su responsabilidad de respetar y promover los derechos del niño
2. Contribuir a la erradicación del trabajo infantil en todas las actividades empresariales y relaciones comerciales
3. Proporcionar un trabajo digno a los jóvenes trabajadores, padres y cuidadores
4. Asegurar la protección y seguridad de los niños en todas las actividades e instalaciones empresariales
5. Garantizar que los productos y servicios sean seguros y que a través de ellos se promueven los derechos del niño
6. Utilizar marketing y publicidad que respeten y apoyen los derechos del niño
7. Respetar y promover los derechos del niño en relación con el medio ambiente y la adquisición y uso de tierras
8. Respetar y promover los derechos del niño en las disposiciones de seguridad
9. Ayudar a proteger a los niños afectados por situaciones de emergencia
10. Reforzar los esfuerzos de la comunidad y el gobierno para proteger y satisfacer los derechos del niño.
 


 
¿Cómo se mide la calidad de los servicios de cuidado infantil?

Compartimos el seminario-presentación del libro, con dicho título.
El material es una guía de herramientas diseñada como recurso para investigadores y personal técnico, pertenecientes a gobiernos e instituciones interesadas en medir y monitorear la calidad de los servicios de cuidado infantil.
Realizado por el BID, 4 de mayo, 2016.

   Presentación - VIDEO - Blog de Desarrollo Infantil - Web

Twitter: twitter.com/BIDgente   Libro: Iad.bg/4nr3hw

 
El Cuidado Infantil en el Siglo XXI - Mujeres malabaristas en una sociedad desigual,
Eleonor Faur


¿Cómo se organiza el cuidado infantil en la sociedad argentina? ¿Lo asumen por igual las madres y los padres? ¿Cómo hacen las mujeres para compatibilizar la atención de los hijos pequeños y el trabajo remunerado fuera de la casa sin caer en el vértigo de los malabares cotidianos? ¿Es un problema exclusivamente personal, familiar, que cada hogar debe resolver con sus propios recursos, o interpela también al mercado y al Estado como posibles proveedores de coberturas y opciones?

Eleonor Faur propone desandar la naturalización del maternalismo, que cristaliza a la mujer como la “cuidadora ideal”, y analizar las prácticas de cuidado con mirada sociológica: en un mundo en que el modelo del hombre proveedor y el ama de casa de tiempo completo han caducado, es preciso repensar la organización social del cuidado infantil, incluyendo las políticas públicas como corresponsables. En la actualidad, esa organización revela desigualdades en cuanto al género, ya que son las mujeres las depositarias de la tarea. Y desigualdades socioeconómicas notorias entre las mujeres de ingresos medios, que pueden “desfamiliarizar” y delegar en otras personas o instituciones la atención de sus hijos, y las de sectores empobrecidos, que encuentran serias dificultades para cuidar de los suyos y acceder a un trabajo remunerado.

A partir de un exhaustivo trabajo de campo para explorar las prácticas y representaciones sociales de quienes cuidan a niños y niñas en la Argentina contemporánea, la autora sostiene que es imperioso jerarquizar el cuidado como un bien social, destacando el rol del Estado a través del diseño de políticas específicas (subsidios a jefes y jefas de hogar, asignación universal por hijo, jardines maternales y de infantes, guarderías, legislación laboral). El cuidado infantil en el siglo XXI instala con maestría y compromiso una discusión necesaria, y el desafío de construir una política de cuidados integral, sustentada en los principios de derechos universales para niños, niñas, hombres y mujeres. Y da el puntapié inicial para colocar el cuidado entre las prioridades de la agenda pública.
sic  Fuente: Siglo XXI Editores, Julio de 2014
Obesidad: la ONU pone en foco la publicidad dirigida a los niños.

La obesidad infantil se está convirtiendo en una crisis de salud pública en muchos países en vías de desarrollo y se ha pasado de unos 31 millones de niños obesos en 1990 a 44 millones en la actualidad. La Comisión de Alto Nivel se reunió por primera vez para poner fin a la Obesidad Infantil, de reciente creación en la ONU, para debatir todos los factores que influyen en la obesidad de los niños, como la publicidad dirigida a los menores, la falta de actividad física y malos hábitos de salud.
En esos países la tasa de obesidad infantil es 30% más alta que en las naciones más industrializadas. En África, el 10% de los niños son obesos, según datos de la Organización Mundial de la Salud difundidos este martes.
El portavoz de esa organización, Dan Epstein, explicó que se reunieron por primera vez la Comisión de Alto Nivel para poner fin a la Obesidad Infantil, de reciente creación.
Ese grupo de expertos analiza todos los factores que influyen en la obesidad de los niños, como la publicidad dirigida a los menores, la falta de actividad física y malos hábitos de salud.
Una vida sedentaria y una dieta rica en azúcares y grasas son factores que contribuyen a empeorar este problema.
Epstein subrayó que los niños obesos o con sobrepeso tienen más posibilidades de ser adultos con esa misma condición y desarrollar dolencias como la diabetes y la enfermedad cardiovascular.
Poco tiempo atrás, relator de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, abogó por alcanzar un nuevo acuerdo mundial que regule las dietas no saludables, que considera más perjudiciales para la salud que el tabaco. El experto recomienda aumentar los impuestos para los productos no saludables, establecer una normativa para los alimentos con sal, azúcar y grasas trans y limitar la publicidad de comida chatarra.
La mayoría de la publicidad anuncia alimentos poco saludables, de gran contenido calórico, azúcares y grasas, y bajo en nutrientes. Según un estudio reciente presentado por la ONU sobre la publicidad televisiva en Australia, Asia, Europa Occidental y América del Norte y del Sur, en todos los países examinados los niños estaban expuestos a una enorme cantidad de publicidad sobre alimentos no saludables, con técnicas de persuasión específicas, lo cual llevó a los autores del estudio a pedir que se regulara la publicidad sobre alimentos durante períodos de gran audiencia infantil.
sic Fuente: ComunicaRSE

 

  Estado y Empresa en los Derechos del Niño- 

Observaciones Generales 2013 del Comité de Derechos del Niño:
- Las O.G. Nº 14 a 17 -conceptos generales- desde aquí
- En este apartado hemos copiado el contenido de la Nº 16 para facilitar el acceso instrumental acorde al  trabajo de elaboración prevista en el Programa 2014 de RAENAS.

Observación General Nº 16 sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño. Distr. general 17 de abril de 2013 -  Fuente: Alianza MX - sic

Índice (entre paréntesis se indican las páginas en el documento original)
I. Introducción y objetivos (3)
II. Alcance y aplicación (4)
III. Principios generales de la Convención en relación con las actividades empresariales (5)
  A. Derecho a la no discriminación (artículo 2)
  B. El interés superior del niño (artículo 3, párrafo 1) (6)
  C. Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo (artículo 6) (7)
  D. Derecho del niño a ser escuchado (artículo 12)
IV. Naturaleza y alcance de las obligaciones del Estado (8)
  A. Obligaciones generales
B. La obligación de respetar, proteger y dar efectividad (9)
V. Obligaciones del Estado en contextos específicos (11)
  A. Prestación de servicios para el disfrute de los derechos del niño
  B. El sector no estructurado de la economía (12)
  C. Los derechos del niño y las operaciones mundiales de las empresas
  D. Organizaciones internacionales (15)
  E. Emergencias y situaciones de conflicto
VI. Marco para la aplicación (16)
  A. Medidas legislativas, reglamentarias y de aplicación
  B. Medidas de reparación (20)
  C. Medidas de política (21)
  D. Medidas de coordinación y vigilancia (22)
  E. Medidas de colaboración y concienciación (23)
VII. Difusión (24)

I. Introducción y objetivos
1. El Comité de los Derechos del Niño considera que el impacto del sector empresarial en los derechos del niño ha aumentado en los últimos decenios debido a factores tales como el carácter globalizado de las economías y de las actividades empresariales y las tendencias actuales de descentralización, así como la externalización y la privatización de las funciones del Estado que afectan el disfrute de los derechos humanos. Las empresas pueden ser un motor fundamental para que las sociedades y las economías avancen de manera que se fortalezca la efectividad de los derechos del niño mediante, por ejemplo, los avances tecnológicos, la inversión y la generación de trabajo decente. Sin embargo, la efectividad de los derechos del niño no es una consecuencia automática del crecimiento económico y las empresas también pueden afectar negativamente a los derechos del niño.

2. Los Estados tienen obligaciones en relación con el impacto de las actividades y las operaciones empresariales en los derechos del niño amparados por la Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y el Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Esas obligaciones abarcan una serie de cuestiones que reflejan el hecho de que los niños son titulares de derechos y partes interesadas en la actividad empresarial en tanto que consumidores, empleados legalmente contratados, futuros empleados y empresarios y miembros de comunidades y entornos en los que las empresas realizan actividades. La presente observación general tiene por objeto clarificar esas obligaciones y determinar las medidas que deben adoptar los Estados para cumplirlas.

3. A los efectos de la presente observación general, el sector empresarial incluye a todas las empresas, tanto nacionales como transnacionales, independientemente de su tamaño, sector de actividad, localización, propiedad y estructura. La observación general también se ocupa de las obligaciones con respecto a las organizaciones sin fines de lucro que intervienen en la prestación de servicios que son fundamentales para el disfrute de los derechos del niño.

4. Es necesario que los Estados tengan marcos jurídicos e institucionales adecuados que respeten, protejan y hagan efectivos los derechos del niño, y que proporcionen recursos en caso de violación de los derechos en el contexto de las actividades y operaciones empresariales. En este sentido, los Estados deben tener en cuenta que:
a) La infancia es un período excepcional de desarrollo físico, psíquico, emocional y espiritual, y las violaciones de los derechos del niño, como la exposición a la violencia, al trabajo infantil o a productos peligrosos o riesgos medioambientales, pueden tener consecuencias permanentes, irreversibles e incluso transgeneracionales.
b) Los niños a menudo no tienen voz política y carecen de acceso a la información pertinente. Dependen de los sistemas de gobierno, sobre los que tienen poca influencia, para que sus derechos sean efectivos. Esto hace que sea difícil para ellos expresar su opinión en las decisiones relativas a leyes y políticas que afectan a sus derechos. En el proceso de adopción de decisiones los Estados pueden no tener adecuadamente en cuenta el impacto en los niños de las leyes y las políticas relacionadas con las empresas, mientras que, por el contrario, el sector empresarial a menudo ejerce una poderosa influencia sobre las decisiones sin hacer referencia a los derechos del niño.
c) En general, es difícil que los niños obtengan reparación —ya sea en los tribunales o mediante otros mecanismos— cuando sus derechos son vulnerados, más aún si lo son por las empresas. Con frecuencia los niños carecen de legitimación procesal, conocimiento de los mecanismos para obtener reparación, recursos financieros y representación jurídica adecuada. Además, existen dificultades particulares para que los niños obtengan reparación por los abusos que se producen en el contexto de las actividades mundiales de las empresas.

5. Dada la amplia gama de derechos del niño que pueden verse afectados por las actividades y operaciones de las empresas, la presente observación general no examina todos los artículos pertinentes de la Convención y sus protocolos. En lugar de ello trata de proporcionar a los Estados un marco para la aplicación de la Convención en su conjunto en relación con el sector empresarial, al tiempo que se centra en contextos específicos en los que el impacto de las actividades empresariales en los derechos del niño puede ser más importante. La presente observación general tiene por objeto proporcionar a los Estados orientación sobre la forma en que deben:
a) Velar por que las actividades y las operaciones de las empresas no afecten negativamente a los derechos del niño;
b) Crear un entorno propicio y favorable para que las empresas respeten los derechos del niño, por ejemplo en las relaciones empresariales vinculadas a sus operaciones, productos o servicios y en sus operaciones mundiales; y
c) Garantizar el acceso a un recurso efectivo para los niños cuyos derechos hayan sido vulnerados por una empresa que actúa como parte privada o como agente del Estado.

6. La presente observación general se basa en la experiencia adquirida por el Comité mediante el examen de los informes de los Estados partes y su día de debate general sobre el sector privado como proveedor de servicios, celebrado en 2002 . También se basa en las consultas regionales e internacionales mantenidas con numerosas partes interesadas, incluidos los niños, así como en las consultas públicas celebradas desde 2011.

7. El Comité es consciente de que las normas, los principios y las orientaciones de política nacionales e internacionales sobre las empresas y los derechos humanos existentes y en desarrollo son importantes para la observación general. Esta es coherente con los convenios internacionales, como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Nº 182 (1999) sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación y Nº 138 (1973) sobre la edad mínima de admisión al empleo. El Comité reconoce la importancia del Marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar” y los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos, y de la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT. Otros documentos, como las Directrices para las empresas transnacionales, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); el Pacto Mundial; el estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños; y el estudio sobre los derechos del niño y los principios empresariales han sido referencias útiles para el Comité.

II. Alcance y aplicación
8. La presente observación general se refiere principalmente a las obligaciones que incumben a los Estados en virtud de la Convención y sus protocolos facultativos. Actualmente no hay ningún instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las responsabilidades del sector empresarial en relación con los derechos humanos. Sin embargo, el Comité considera que las obligaciones y las responsabilidades de respetar los derechos del niño se extienden en la práctica más allá de los servicios e instituciones del Estado y controlados por el Estado y se aplican a los actores privados y a las empresas. Por lo tanto, todas las empresas deben cumplir sus responsabilidades en relación con los derechos del niño y los Estados deben velar por que lo hagan. Además, las empresas no deben mermar la capacidad de los Estados para cumplir sus obligaciones hacia los niños de conformidad con la Convención y sus protocolos facultativos.

9. El Comité reconoce que las acciones voluntarias de las empresas en cuanto a la responsabilidad empresarial, como las inversiones sociales, la promoción y la participación en las políticas públicas, los códigos de conducta voluntarios, las actividades filantrópicas y otras actividades colectivas, pueden promover los derechos del niño. Los Estados deben alentar este tipo de acciones e iniciativas voluntarias como un medio para crear una cultura empresarial que respete y favorezca los derechos del niño. Sin embargo, cabe destacar que este tipo de acciones e iniciativas voluntarias no sustituyen la acción del Estado y la regulación de las empresas de acuerdo con las obligaciones que imponen la Convención y sus protocolos, ni la obligación de las empresas de respetar los derechos del niño.

10. Es importante recordar que la Convención y sus protocolos facultativos comprometen al Estado en su conjunto, independientemente de sus estructuras, poderes u organización internos. Además, la descentralización del poder, mediante la devolución de competencias y la delegación, no reduce la responsabilidad directa del Estado de cumplir sus obligaciones para con todos los niños que se hallen en su jurisdicción.

11. La presente observación general examina en primer lugar la relación entre las obligaciones del Estado respecto de las actividades empresariales y los principios generales de la Convención. A continuación, se define el carácter general y el alcance de las obligaciones del Estado en lo que respecta a los derechos del niño y el sector empresarial. Después se examina el alcance de las obligaciones en contextos en los que el impacto de las actividades y las operaciones empresariales en los derechos del niño es más importante, por ejemplo cuando las empresas son proveedores de servicios, los niños trabajan en la economía informal, los Estados colaboran con las organizaciones internacionales y las empresas operan en el extranjero en regiones en las que la protección estatal de los derechos del niño es insuficiente. La presente observación general concluye esbozando un marco para la aplicación y la difusión.

III. Principios generales de la Convención en relación con las actividades empresariales
12. Los derechos del niño son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. El Comité ha establecido cuatro principios generales en la Convención que son la base de todas las decisiones y actos del Estado relacionados con las actividades y operaciones empresariales de conformidad con un enfoque basado en los derechos del niño.

A. Derecho a la no discriminación (artículo 2)
13. El artículo 2 de la Convención exige que los Estados respeten y garanticen los derechos de cada niño sujeto a su jurisdicción “sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales”. Los Estados deben garantizar que todas las leyes, las políticas y los programas que se ocupan de cuestiones empresariales no discriminen, deliberadamente o no, a los niños en su contenido o aplicación; por ejemplo, los que tratan del acceso al empleo de los padres o los cuidadores, o del acceso a bienes y servicios para los niños con discapacidad.

14. Los Estados deben impedir la discriminación en la esfera privada en general y proporcionar un recurso en caso de que se produzca. Los Estados deben reunir datos estadísticos adecuadamente desglosados y otra información para identificar la discriminación contra los niños en el contexto de las actividades y operaciones empresariales, y deben establecer mecanismos para vigilar e investigar las prácticas discriminatorias en el sector empresarial. Los Estados también deben adoptar medidas para crear un entorno favorable para que las empresas respeten el derecho a la protección contra la discriminación promoviendo el conocimiento y la comprensión de ese derecho en el sector empresarial, incluidos los sectores de los medios de comunicación, la mercadotecnia y la publicidad. La concienciación y la sensibilización entre las empresas deben tener por objeto el cuestionamiento y la eliminación de las actitudes discriminatorias hacia los niños, especialmente los niños en situaciones vulnerables.

B. El interés superior del niño (artículo 3, párrafo 1)
15. El artículo 3, párrafo 1, de la Convención establece que una consideración primordial de los Estados en todas las medidas concernientes a los niños será el interés superior del niño. Los Estados están obligados a integrar y aplicar este principio en todos los procedimientos legislativos, administrativos y judiciales relativos a las actividades y operaciones empresariales que afecten directa o indirectamente a los niños. Por ejemplo, los Estados deben garantizar que el interés superior del niño ocupe un lugar central en la elaboración de las leyes y las políticas que determinan las actividades y operaciones empresariales, como las relativas al empleo, la fiscalidad, la corrupción, la privatización, el transporte y otras cuestiones económicas, comerciales o financieras generales.

16. El artículo 3, párrafo 1, también es directamente aplicable a las empresas que funcionan como órganos privados o públicos de protección social y que prestan cualquier forma de servicios directos a los niños, como la atención, la acogida, la salud, la educación y la administración de los centros de detención.

17. La Convención y sus protocolos facultativos proporcionan el marco para evaluar y determinar el interés superior del niño. La obligación de que el interés superior del niño sea una consideración primordial es especialmente importante cuando los Estados están sopesando prioridades que se contraponen, como las consideraciones económicas a corto plazo y las decisiones de desarrollo a largo plazo. Los Estados deben estar en condiciones de explicar cómo se ha respetado en la adopción de decisiones el derecho a que el interés superior del niño sea tenido en cuenta, incluida la forma en que se ha sopesado frente a otras consideraciones.

C. Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo (artículo 6)
18. El artículo 6 de la Convención establece que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida y que los Estados deben garantizar la supervivencia y el desarrollo del niño. El Comité señala en la Observación general Nº 5 (2003) sobre las medidas generales de aplicación de la Convención que entiende el desarrollo del niño como un “concepto holístico que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño”.

19. Las actividades y operaciones de las empresas pueden afectar de diferentes maneras a la aplicación del artículo 6. Por ejemplo, la degradación y la contaminación ambiental derivada de las actividades empresariales pueden poner en peligro los derechos del niño a la salud, la seguridad alimentaria y el acceso al agua potable y al saneamiento. La venta o el arrendamiento de tierras a inversores pueden privar a las poblaciones locales del acceso a los recursos naturales vinculados a su subsistencia y su patrimonio cultural; los derechos de los niños indígenas pueden estar particularmente en riesgo en este contexto. La mercadotecnia dirigida a los niños de productos como cigarrillos y alcohol, así como de alimentos y bebidas con alto contenido en grasas saturadas, ácidos grasos trans, azúcar, sal o aditivos puede tener un impacto a largo plazo sobre su salud. Cuando las prácticas de empleo de las empresas requieren que los adultos realicen largas jornadas de trabajo, los niños de más edad, especialmente las niñas, pueden tener que asumir las obligaciones domésticas y de cuidado de los niños que corresponden a sus padres, lo que puede afectar negativamente a su derecho a la educación y al juego; además, dejar a los niños solos o al cuidado de hermanos mayores puede tener repercusiones en la calidad de la atención y en la salud de los niños más pequeños.

20. Las medidas para la aplicación del artículo 6 en relación con el sector empresarial deberán adaptarse en función del contexto e incluir medidas preventivas como la regulación y la supervisión efectivas de los sectores de la publicidad y la mercadotecnia y del impacto ambiental de las empresas. En el contexto de la atención de los niños, especialmente de los niños pequeños, se necesitarán otras medidas para crear un entorno propicio para que las empresas respeten el artículo 6 mediante, por ejemplo, la introducción de políticas en el lugar de trabajo favorables a la familia. Esas políticas deben tener en cuenta el impacto de las horas de trabajo de los adultos en la supervivencia y el desarrollo del niño en todas las etapas del desarrollo e incluir licencias parentales suficientemente remuneradas.

D. Derecho del niño a ser escuchado (artículo 12)
21. El artículo 12 de la Convención establece el derecho de todo niño a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, y en consecuencia el derecho a que esas opiniones se tengan debidamente en cuenta en función de la edad y madurez del niño. Los Estados deben escuchar frecuentemente las opiniones de los niños —de conformidad con la Observación general Nº 12 — cuando elaboren leyes y políticas sobre las empresas a nivel nacional y local que puedan afectarles. En particular, los Estados deben consultar a los niños que encuentran dificultades para hacerse oír, como los niños pertenecientes a grupos minoritarios e indígenas, los niños con discapacidad, como se indica en los artículos 4, párrafo 3, y 7 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad , y los niños en situaciones similares de vulnerabilidad. Los organismos públicos, como las inspecciones de educación y de trabajo, que se encargan de regular y supervisar las actividades y operaciones de las empresas deben tener en cuenta las opiniones de los niños afectados. Los Estados también deben escuchar a los niños al evaluar el impacto en los derechos del niño de las políticas, las leyes, los reglamentos, el presupuesto y otras decisiones administrativas que se propongan relacionados con las empresas.

22. El niño tiene el derecho específico “de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño” (artículo 12, párrafo 2, de la Convención). Ello incluye los procedimientos judiciales y los mecanismos de conciliación y arbitraje en relación con violaciones de los derechos del niño causadas por las empresas o a las que estas hayan contribuido. Como se establece en la Observación general Nº 12, los niños deben poder participar voluntariamente en estos procedimientos y tener la oportunidad de ser escuchados directa o indirectamente a través de la asistencia de un órgano representativo o apropiado que tenga suficiente conocimiento y comprensión de los diversos aspectos del proceso de adopción de decisiones, así como experiencia en el trabajo con niños.

23. Puede haber casos en que las empresas consulten a las comunidades que puedan verse afectadas por un posible proyecto empresarial. En esas circunstancias, puede ser esencial que las empresas recaben las opiniones de los niños y las tengan en cuenta al adoptar decisiones que les afecten. Los Estados deben proporcionar a las empresas orientación específica en la que se ponga de relieve que esos procesos deben ser accesibles, inclusivos y significativos para los niños y tener en cuenta en todo momento la evolución de las capacidades de los niños y su interés superior. La participación debe ser voluntaria y producirse en un entorno favorable para los niños que contrarreste y no refuerce las pautas de discriminación de los niños. Cuando sea posible, las organizaciones competentes de la sociedad civil deben intervenir en la facilitación de la participación de los niños.

IV. Naturaleza y alcance de las obligaciones del Estado
A. Obligaciones generales
24. La Convención establece una serie de derechos del niño que imponen al Estado un determinado nivel de obligaciones en vista de la condición especial de los niños; las violaciones de los derechos del niño son de especial gravedad porque a menudo tienen un impacto grave y duradero en el desarrollo del niño. El artículo 4 establece la obligación de que los Estados adopten todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole apropiadas para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención, y en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales a que adopten esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan.

25. En el contexto del derecho internacional de los derechos humanos los Estados tienen tres tipos de obligaciones: respetar, proteger y realizar los derechos humanos . Esas obligaciones incluyen las obligaciones de resultado y las obligaciones de comportamiento. Los Estados no están exentos de sus obligaciones en virtud de la Convención y sus protocolos facultativos cuando delegan sus funciones o encargan su desempeño a una empresa privada o a una organización sin fines de lucro. Un Estado incumplirá las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención si no respeta, protege y hace efectivos los derechos del niño en relación con las actividades y operaciones empresariales que afectan a los niños. El alcance de estas obligaciones se analiza más adelante, mientras que el marco de aplicación necesario se examina en el capítulo VI.

B. La obligación de respetar, proteger y dar efectividad
1. La obligación de respetar
26. La obligación de respetar significa que los Estados no deben, de forma directa o indirecta, facilitar, ayudar a que se produzca o secundar ninguna violación de los derechos del niño. Los Estados tienen además la obligación de garantizar que todos los actores respeten los derechos del niño, incluido el contexto de las operaciones y actividades empresariales. Para ello, el proceso de toma de decisiones y las políticas, las leyes y los actos administrativos relacionados con las empresas deberán ser transparentes, estar fundamentados e incluir un examen completo y continuo del impacto en los derechos del niño.

27. La obligación de respetar implica también que un Estado no debe participar, apoyar o tolerar vulneraciones de los derechos del niño cuando desempeñe funciones comerciales o realice negocios con empresas privadas. Por ejemplo, los Estados deben adoptar medidas para garantizar que los contratos públicos se adjudiquen a licitantes que se hayan comprometido a respetar los derechos del niño. Las instituciones y los organismos estatales, incluidas las fuerzas de seguridad, no deberán tolerar ni contribuir a que se produzcan violaciones de los derechos del niño por terceros. Los Estados tampoco deben invertir fondos públicos u otros recursos en actividades empresariales que vulneren los derechos de los niños.

2. La obligación de proteger
28. Los Estados tienen la obligación de ofrecer protección contra las violaciones por terceros de los derechos consagrados en la Convención y sus protocolos facultativos. Esta obligación adquiere una importancia fundamental al considerar las obligaciones de los Estados con respecto al sector empresarial. Supone que los Estados deben adoptar todas las medidas apropiadas, razonables y necesarias para impedir que las empresas cometan violaciones de los derechos del niño o contribuyan a ello. Estas medidas pueden incluir la aprobación de leyes y reglamentos, su seguimiento y aplicación o la aprobación de políticas en que se establezca la forma en que las empresas pueden incidir en los derechos de los niños. Los Estados deben investigar, enjuiciar y reparar las violaciones de los derechos del niño causadas por una empresa o a las que una empresa haya contribuido. Por tanto, un Estado es responsable de dichas violaciones si no ha adoptado las medidas apropiadas, razonables y necesarias para impedirlas o repararlas, o si ha tolerado o colaborado de alguna otra forma en su comisión.

3. La obligación de dar efectividad
29. La obligación de hacer efectivos los derechos exige que los Estados adopten medidas positivas para facilitar, promover y garantizar de disfrute de los derechos del niño. Esto quiere decir que los Estados deben aplicar medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales, de promoción y de otro tipo, conforme al artículo 4, en lo que respecta a las actividades empresariales que afecten a los derechos del niño. Estas medidas deberán garantizar un entorno óptimo para la plena aplicación de la Convención y sus protocolos facultativos. Para cumplir esta obligación, los Estados deben crear entornos jurídicos y normativos estables y predecibles que permitan a las empresas respetar los derechos del niño. Esto incluye normas y leyes claras y debidamente aplicadas en materia de trabajo, empleo, salud y seguridad, medio ambiente, lucha contra la corrupción, uso de la tierra y fiscalidad que sean conformes a la Convención y sus protocolos facultativos. También incluye leyes y políticas concebidas para lograr la igualdad de trato y de oportunidades en el empleo; medidas para promover la formación profesional y el trabajo decente y para mejorar el nivel de vida; y políticas que propicien la promoción de las pequeñas y medianas empresas. Los Estados deben aplicar medidas que promuevan el conocimiento y entendimiento de la Convención y sus protocolos facultativos en los departamentos y organismos gubernamentales y otras instituciones estatales que determinan las prácticas empresariales, así como fomentar una cultura empresarial que respete los derechos del niño.

4. Recursos y reparaciones
30. Los Estados tienen la obligación de ofrecer recursos y reparaciones efectivos cuando se violen los derechos del niño, incluso si los autores son terceras partes, como por ejemplo las empresas. En su Observación general Nº 5 el Comité establece que, para que los derechos cobren sentido, se debe disponer de recursos efectivos para reparar sus violaciones . En varios artículos de la Convención se requiere que se prevean sanciones, indemnizaciones y medidas judiciales y de otro tipo para promover la recuperación tras los daños causados por terceras partes o a los que esas partes hayan contribuido . El cumplimiento de esta obligación implica que existan mecanismos (civiles, penales o administrativos) adaptados a las necesidades de los niños y que estos y sus representantes conozcan, que sean rápidos, estén disponibles y sean accesibles realmente y ofrezcan reparaciones adecuadas por los daños sufridos. Los organismos con competencias de supervisión pertinentes para los derechos del niño, como los organismos de inspección en los ámbitos laboral, educativo, sanitario y de seguridad, los tribunales medioambientales, las autoridades fiscales, las instituciones nacionales de derechos humanos y los órganos centrados en cuestiones de la igualdad en el sector empresarial también pueden contribuir a la provisión de medios de reparación. Estos organismos pueden investigar y supervisar de forma proactiva las violaciones de los derechos, y también pueden tener poder reglamentario que les permita imponer sanciones administrativas a las empresas que violen los derechos del niño. En todos los casos, los niños deberían poder recurrir a una justicia imparcial e independiente o exigir un examen judicial de los procedimientos administrativos.

31. Al determinar el nivel o la forma de reparación, los mecanismos deben tener en cuenta que los niños pueden ser más vulnerables a los efectos de las violaciones de sus derechos que los adultos y que los efectos pueden ser irreversibles y causar daños permanentes. También deben tener en cuenta el carácter evolutivo del desarrollo y de las capacidades de los niños, y la reparación debe ser puntual para limitar el daño presente y futuro al niño o los niños afectados. Por ejemplo, si se identifica a niños que son víctimas de contaminación ambiental, todas las partes pertinentes deben adoptar medidas inmediatas para evitar mayores daños a la salud y el desarrollo de esos niños y reparar los daños causados. Los Estados deben ofrecer asistencia médica y psicológica, apoyo jurídico y medidas de rehabilitación a los niños víctimas de abusos y violencia cometidos por actores empresariales o a los que estos hayan contribuido. También deben velar por que dichos abusos no se repitan, por ejemplo reformando las leyes y las políticas pertinentes y su aplicación, incluidos el enjuiciamiento y la sanción de los actores empresariales implicados.

V. Obligaciones del Estado en contextos específicos
32. Las actividades y operaciones empresariales pueden afectar a una amplia gama de derechos del niño. Sin embargo, el Comité ha identificado los contextos específicos y no exhaustivos que se tratan a continuación en los que el impacto de las empresas puede ser considerable y los marcos jurídicos e institucionales de los Estados son a menudo insuficientes o ineficaces, o se ven sometidos a presiones.

A. Prestación de servicios para el disfrute de los derechos del niño
33. Las empresas y las organizaciones sin fines de lucro pueden contribuir a la prestación y la gestión de servicios, como el abastecimiento de agua salubre, el saneamiento, la educación, el transporte, la salud, los cuidados alternativos, el suministro energético, la seguridad y los centros de detención, que son fundamentales para el disfrute de los derechos del niño. El Comité no establece la forma de provisión de estos servicios, pero es importante destacar que los Estados no están eximidos del cumplimiento de las obligaciones que han asumido en virtud de la Convención cuando externalicen o privaticen servicios que afecten a la efectividad de los derechos del niño.

34. Los Estados deben adoptar medidas concretas que tengan en cuenta la participación del sector privado en la prestación de servicios a fin de velar por que los derechos enumerados en la Convención no se vean comprometidos . Tienen la obligación de establecer normas, con arreglo a la Convención, y de vigilar de cerca su cumplimiento. Una supervisión, vigilancia o inspección inadecuadas por parte de estos órganos puede dar lugar a graves violaciones de los derechos del niño, como la violencia, la explotación o el descuido. Los Estados deben velar por que la prestación de estos servicios no ponga en peligro el acceso de los niños a los servicios por motivos discriminatorios, especialmente en el marco del principio de protección contra la discriminación, y por que, en todas las ramas del sector de los servicios, los niños tengan acceso a un órgano de supervisión independiente, a mecanismos de denuncia y, cuando proceda, a un recurso judicial adecuado que les permita acceder a recursos efectivos en caso de vulneración de sus derechos. El Comité recomienda que se establezca un procedimiento o mecanismo permanente de supervisión que vele por que todos los proveedores no estatales de servicios tengan y apliquen políticas, programas y procedimientos acordes con la Convención .

B. El sector no estructurado de la economía
35. En muchos países una parte importante de la población económicamente activa trabaja en el sector no estructurado de la economía y contribuye de manera considerable al producto nacional bruto. Sin embargo, las actividades empresariales que se desarrollan fuera de los marcos jurídicos e institucionales que regulan y protegen los derechos pueden resultar especialmente peligrosas para el disfrute de los derechos del niño. Por ejemplo, los productos fabricados o manipulados en este contexto, como juguetes, prendas de vestir o productos alimenticios, pueden ser inseguros o insalubres para los niños. También suele encontrarse un número reducido de niños en esferas ocultas de trabajo informal, como pequeñas empresas familiares o en los sectores de la agricultura y la hostelería. Con frecuencia, esos trabajos llevan aparejados precariedad laboral; una remuneración escasa, irregular o incluso nula; riesgos para la salud; falta de seguridad social; restricciones a la libertad de asociación; y una protección inadecuada contra la discriminación y la violencia o la explotación. Estas actividades pueden impedir que los niños asistan a la escuela, hagan los deberes o dediquen tiempo suficiente al recreo y el descanso, lo cual podría suponer una contravención de los artículos 28, 29 y 31 de la Convención. Además, los padres o los cuidadores que trabajan en el sector no estructurado de la economía a menudo tienen que trabajar largas jornadas para obtener unos ingresos que les permitan subsistir, lo cual limita gravemente sus posibilidades de ejercer las responsabilidades parentales o atender a los niños a su cargo.

36. Los Estados deben aplicar medidas para garantizar que las actividades empresariales se desarrollen siempre dentro de los debidos marcos jurídicos e institucionales, independientemente de su magnitud o del sector de la economía, de manera que los derechos del niño puedan ser claramente reconocidos y protegidos. Entre esas medidas pueden figurar, por ejemplo, la concienciación, la investigación y recopilación de datos sobre el impacto del sector no estructurado de la economía en los derechos del niño; el apoyo a la creación de trabajos decentes que ofrezcan una remuneración suficiente a los padres o los cuidadores que trabajan; la aplicación de leyes claras y predecibles sobre el uso de la tierra; la mejora de la protección social a las familias con bajos ingresos; y el apoyo a las empresas del sector no estructurado mediante la provisión de capacitación, centros de registro, servicios bancarios y de crédito flexibles y eficaces, disposiciones fiscales adecuadas y acceso a los mercados.

37. Los Estados deben regular las condiciones de trabajo y establecer salvaguardias que protejan a los niños de la explotación económica y de trabajos que sean peligrosos, interfieran en su educación o afecten a su salud o a su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Estos trabajos suelen encontrarse, aunque no exclusivamente, en el sector no estructurado de la economía y en las economías familiares. Por tanto, los Estados están obligados a elaborar y ejecutar programas destinados a las empresas en esos contextos, entre otras cosas haciendo cumplir las normas internacionales sobre la edad mínima para trabajar y las condiciones adecuadas de trabajo, invirtiendo en educación y formación profesional y prestando apoyo para lograr una transición satisfactoria de los niños al mercado laboral. Los Estados deben velar por que las políticas de protección social e infantil lleguen a todos, especialmente a las familias en el sector no estructurado de la economía.

C. Los derechos del niño y las operaciones mundiales de las empresas
38. Las empresas cada vez operan más a escala mundial, mediante complejas redes de filiales, contratistas, proveedores y sociedades conjuntas. Su impacto en los derechos del niño, ya sea positivo o negativo, rara vez es resultado de la acción o la omisión de una sola unidad empresarial, ya sea la empresa matriz, una filial, un contratista, un proveedor u otros, sino que puede implicar una conexión o participación entre unidades empresariales localizadas en distintas jurisdicciones. Por ejemplo, los proveedores pueden utilizar mano de obra infantil, las filiales pueden intervenir en desposesiones de tierras y los contratistas o titulares de licencias pueden participar en la comercialización de bienes y servicios perjudiciales para los niños. En este contexto, a los Estados les resulta particularmente difícil cumplir sus obligaciones de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos del niño, entre otras cosas porque, a menudo, las empresas son personas jurídicas independientes situadas en jurisdicciones distintas, aun cuando operen como una unidad económica que tiene su centro de actividad, domicilio y/o registro en un país (el Estado de origen) y operen en otro (el Estado receptor).

39. Según la Convención, los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos del niño dentro de su jurisdicción. La Convención no limita la jurisdicción de un Estado a un “territorio”. Conforme al derecho internacional, el Comité instó anteriormente a los Estados a proteger los derechos de los niños que pudieran estar fuera de sus fronteras territoriales. También destacó que las obligaciones del Estado en virtud de la Convención y sus protocolos facultativos se aplicaban con referencia a todos los niños que se encontraran en su territorio y a los que estuvieran sujetos a su jurisdicción.

40. En el Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía también se hace referencia expresa a las obligaciones extraterritoriales. En el artículo 3, párrafo 1, se establece que todo Estado adoptará medidas para que, como mínimo, los delitos en él enumerados queden íntegramente comprendidos en su legislación penal, tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras. Conforme al artículo 3, párrafo 4, del Protocolo facultativo, se deberá hacer efectiva la responsabilidad de las personas jurídicas, ya sea penal, civil o administrativa, por dichos delitos, incluidas las empresas. Este enfoque coincide con el de otros tratados e instrumentos de derechos humanos que imponen a los Estados la obligación de ejercer su jurisdicción penal sobre los nacionales respecto de cuestiones como complicidad en casos de tortura, desapariciones forzadas y apartheid, independientemente del lugar en que se haya cometido el abuso o el acto de complicidad.

41. Los Estados tienen la obligación de cooperar en el plano internacional para hacer efectivos los derechos del niño más allá de sus fronteras territoriales. El preámbulo y las disposiciones de la Convención hacen referencia constante a “la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los países, en particular en los países en desarrollo” . En la Observación general Nº 5 se pone de relieve que “la aplicación de la Convención es una actividad de cooperación para todos los Estados del mundo” . Por tanto, la plena efectividad de los derechos del niño conforme a la Convención dependerá en parte de la forma en que los Estados interactúen. El Comité destaca además que la Convención se ha ratificado de forma casi universal; por tanto, la realización de sus disposiciones debería constituir una preocupación importante y similar tanto para los Estados de origen como para los Estados receptores de las empresas.

42. Los Estados receptores tienen la responsabilidad primordial de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos del niño dentro de su jurisdicción. Deberán velar por que todas las empresas, incluidas las empresas transnacionales que operen dentro de sus fronteras, estén debidamente reguladas por un marco jurídico e institucional que garantice que sus actividades no afecten negativamente a los derechos del niño ni contribuyan o secunden violaciones de los derechos en jurisdicciones extranjeras.

43. La Convención y sus protocolos facultativos también obligan a los Estados de origen a respetar, proteger y hacer efectivos los derechos del niño en el contexto de las actividades y operaciones empresariales de carácter extraterritorial, siempre que exista un vínculo razonable entre el Estado y la conducta de que se trate. Existe un vínculo razonable cuando la empresa tenga su centro de actividad, esté registrada o domiciliada, tenga su sede principal de negocios o desarrolle actividades comerciales sustanciales en dicho Estado . Al adoptar medidas para cumplir esta obligación, los Estados deben respetar la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional general, y no reducir las obligaciones que incumben al Estado receptor conforme a la Convención.

44. Los Estados deben posibilitar el acceso a mecanismos judiciales y no judiciales efectivos que permitan obtener reparación a los niños y a sus familias cuyos derechos hayan sido vulnerados por empresas a nivel extraterritorial, cuando exista un vínculo razonable entre el Estado y la conducta en cuestión. Asimismo, los Estados deben ayudar y cooperar a nivel internacional en las investigaciones y la aplicación de los procedimientos en otros Estados.

45. Entre las medidas para prevenir violaciones de los derechos del niño por empresas que operan en el extranjero figuran las siguientes:
a) Condicionar el acceso a fondos públicos y otras formas de apoyo público, como los seguros, a que las empresas lleven a cabo un proceso que permita detectar, prevenir y mitigar los efectos negativos en los derechos del niño de sus operaciones en el extranjero;
b) Tener en cuenta el historial previo de las empresas en materia de derechos del niño al decidir la asignación de fondos públicos y la prestación de otras formas de apoyo público;
c) Velar por que los organismos estatales con un papel importante en la esfera empresarial, como las entidades de crédito a la exportación, adopten medidas para detectar, prevenir y mitigar cualquier posible efecto adverso de los proyectos a los que prestan apoyo en los derechos del niño antes de ofrecer apoyo a las empresas que operen en el extranjero, y establecer que dichos organismos no deberán prestar apoyo a actividades que puedan dar lugar a violaciones de los derechos del niño o contribuir a ellas.

46. Tanto los Estados de origen como los Estados receptores deberán establecer marcos jurídicos e institucionales que permitan a las empresas respetar los derechos del niño en todas sus operaciones mundiales. Los Estados de origen deben garantizar que haya mecanismos eficaces que permitan que las instituciones y los organismos gubernamentales encargados de aplicar la Convención y sus protocolos facultativos se coordinen eficazmente con los encargados del comercio y la inversión en el extranjero. También deberán crear capacidad para que los organismos de asistencia al desarrollo y las misiones en el extranjero encargadas de promover el comercio puedan integrar las cuestiones empresariales en los diálogos bilaterales sobre derechos los humanos, incluidos los derechos del niño, con gobiernos extranjeros. Los Estados que se adhieran a las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales deberán ayudar a sus puntos nacionales de contacto a prestar servicios de mediación y conciliación en cuestiones extraterritoriales, velando por que dispongan de recursos suficientes, sean independientes y su mandato incluya garantizar el respeto de los derechos del niño en el contexto de las operaciones empresariales. Debería darse debido efecto a las recomendaciones formuladas por órganos como los puntos nacionales de contacto de la OCDE.

D. Organizaciones internacionales
47. Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención, todos los Estados deben cooperar directamente para hacer efectivos los derechos consagrados en la Convención mediante la cooperación internacional y la pertenencia a organizaciones internacionales. En el contexto de las actividades empresariales, estas organizaciones incluyen las instituciones internacionales de desarrollo, finanzas y comercio como el Grupo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, así como otras de ámbito regional, en las que los Estados actúan de forma colectiva. Los Estados deben cumplir las obligaciones contraídas en virtud de la Convención y sus protocolos facultativos al actuar como miembros de dichas organizaciones, y no deben aceptar créditos de organizaciones internacionales ni las condiciones establecidas por estas cuando esos préstamos o políticas puedan conducir a violaciones de los derechos del niño. Los Estados también mantienen sus obligaciones en el ámbito de la cooperación al desarrollo y deben velar por que las políticas y los programas de cooperación se diseñen y ejecuten con arreglo a la Convención y sus protocolos facultativos.

48. Los Estados que participan en organizaciones internacionales de desarrollo, comercio y finanzas deben adoptar todas las medidas y disposiciones razonables para velar por que el proceso de adopción de decisiones y las operaciones de esas organizaciones se ajusten a lo dispuesto en la Convención y sus protocolos facultativos, así como los acuerdos que celebren o las directrices que establezcan con respecto al sector empresarial. Estas medidas y disposiciones deben ir más allá de la erradicación del trabajo infantil e incluir la plena efectividad de todos los derechos del niño. Las organizaciones internacionales deben tener normas y procedimientos para evaluar el riesgo de daño a los niños que los nuevos proyectos llevan aparejado, así como adoptar medidas para mitigar dicho riesgo. También deben establecer procedimientos y mecanismos para detectar, combatir y reparar las violaciones de los derechos del niño conforme a las normas internacionales existentes, incluidas las que se deban a actividades de empresas vinculadas a ellas o financiadas por ellas o resulten de dichas actividades.

E. Emergencias y situaciones de conflicto
49. Tanto los Estados de origen como los Estados receptores tienen problemas particulares para cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos del niño cuando las empresas operan en situaciones en que las instituciones de protección no funcionan adecuadamente como consecuencia de conflictos, catástrofes o la desintegración del orden jurídico o social. Es importante destacar que la Convención y sus protocolos facultativos se aplican en todo momento y que sus disposiciones no pueden derogarse en situaciones de emergencia.

50. En estos contextos puede haber un riesgo mayor de que las empresas utilicen mano de obra infantil (en las cadenas de suministro y en las filiales, por ejemplo) o de que se utilicen niños soldados, se evadan impuestos o se cometan actos de corrupción. Habida cuenta del mayor riesgo, los Estados de origen deben exigir a las empresas que operen en situaciones de emergencia y conflicto que apliquen estrictos procesos de diligencia debida en materia de derechos del niño adaptados a su tamaño y sus actividades. Los Estados de origen también deben elaborar y aplicar leyes y reglamentos que aborden los riesgos concretos, previsibles para los derechos del niño de las empresas que operan a nivel transnacional. Esto puede incluir el requisito de hacer públicas las medidas adoptadas para velar por que las operaciones de las empresas no contribuyan a violaciones graves de los derechos del niño, así como la prohibición de vender o transferir armas u otras formas de asistencia militar cuando el destino final sea un país en que se sepa que los niños son reclutados o utilizados en hostilidades, o que podrían serlo.

51. Los Estados de origen deben ofrecer a las empresas información actualizada, precisa y completa sobre el contexto local de los derechos del niño cuando estas operen, o tengan previsto hacerlo, en zonas afectadas por conflictos o situaciones de emergencia. Esta orientación debe hacer hincapié en que las empresas tienen la misma obligación de respetar los derechos del niño en esas situaciones que en todas las demás. En las zonas de conflicto, los niños pueden ser víctimas de la violencia, por ejemplo la explotación o abusos sexuales, la trata de niños o la violencia por motivos de género, y los Estados deben reconocer esa situación al proporcionar orientación a las empresas.

52. Las obligaciones de los Estados de origen y destino en virtud de las disposiciones pertinentes de la Convención deben destacarse cuando las empresas operan en zonas afectadas por conflictos. El artículo 38 exige que se respeten las normas del derecho internacional humanitario, el artículo 39 obliga a los Estados a adoptar medidas apropiadas para promover la recuperación psicológica y la reintegración social y el Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados contiene disposiciones sobre el reclutamiento de niños menores de 18 años en las fuerzas armadas. Cuando operan en zonas afectadas por conflictos, las empresas pueden contratar a empresas privadas de seguridad, lo que puede conllevar el riesgo de que se produzcan violaciones de los derechos, como explotación y/o uso de la violencia contra los niños, al tratar de proteger las instalaciones o en el contexto de otras operaciones. Para evitarlo, tanto los Estados de origen como los Estados receptores deberán aprobar y aplicar leyes nacionales que prohíban expresamente que esas empresas contraten o utilicen a niños en las hostilidades; exijan la adopción de medidas eficaces para proteger a los niños de la violencia y la explotación; y establezcan mecanismos para exigir responsabilidades al personal por las violaciones de los derechos del niño.

VI. Marco para la aplicación
A. Medidas legislativas, reglamentarias y de aplicación
1. Legislación y reglamentación
53. La legislación y la reglamentación son instrumentos indispensables para garantizar que las actividades y las operaciones de las empresas no incidan negativamente en los derechos del niño ni los vulneren. Los Estados deben promulgar leyes que den efecto a los derechos del niño por terceras partes y que proporcionen un entorno jurídico y reglamentario claro y previsible que permita que las empresas respeten los derechos del niño. Para cumplir su obligación de adoptar medidas legislativas y reglamentarias apropiadas y razonables para garantizar que las empresas no infrinjan los derechos del niño, los Estados deberán reunir datos, pruebas y estudios para identificar los sectores empresariales específicos que sean motivo de preocupación.

54. Con arreglo al artículo 18, párrafo 3, de la Convención, los Estados deben crear condiciones laborales en las empresas que ayuden a los padres y los cuidadores a cumplir sus responsabilidades en lo que respecta a los niños a su cargo, por ejemplo introduciendo políticas en el lugar de trabajo que tengan en cuenta las necesidades de las familias, incluida la licencia parental; apoyando y facilitando la lactancia materna; facilitando el acceso a servicios de guardería de calidad; pagando un salario suficiente para tener un nivel de vida adecuado; protegiendo frente a la discriminación y la violencia en el lugar de trabajo; y ofreciendo seguridad y protección en el lugar de trabajo.

55. Los sistemas tributarios ineficaces, la corrupción y la mala gestión de los ingresos del gobierno procedentes de, entre otros, las empresas estatales y los impuestos sobre sociedades pueden limitar los recursos disponibles para el ejercicio de los derechos del niño con arreglo al artículo 4 de la Convención. Además de las obligaciones existentes contraídas en virtud de los instrumentos de lucha contra el soborno y la corrupción , los Estados deben elaborar y aplicar leyes y reglamentos eficaces para obtener y gestionar las corrientes de ingresos procedentes de todas las fuentes y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad.

56. Los Estados deben llevar a la práctica el artículo 32 de la Convención para asegurar la prohibición de la explotación económica de los niños y su participación en trabajos peligrosos. Algunos niños superan la edad mínima de admisión al empleo, según lo estipulado en las normas internacionales, y, por lo tanto, pueden trabajar legítimamente como empleados, pero todavía necesitan protección, por ejemplo frente a trabajos peligrosos para su salud, su seguridad o su desarrollo moral, y que se garantice la promoción y protección de sus derechos a la educación, al desarrollo y al esparcimiento . Los Estados deben fijar una edad mínima para el empleo, regular de manera adecuada los horarios y las condiciones de trabajo y establecer sanciones para hacer cumplir efectivamente el artículo 32. Deben tener sistemas eficaces de inspección laboral y de cumplimiento y establecer las capacidades para ello. Los Estados también deben ratificar y trasponer a su ordenamiento jurídico interno los convenios fundamentales de la OIT relativos al trabajo infantil . De conformidad con el artículo 39, los Estados deben adoptar todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño que haya sufrido cualquier forma de violencia, abandono, explotación o abuso, incluida la explotación económica.

57. Los Estados también están obligados a aplicar y hacer cumplir las normas convenidas internacionalmente relativas a los derechos del niño, la salud y el mundo empresarial, como el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud y el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y las resoluciones posteriores pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud. El Comité es consciente de que las actividades y operaciones del sector farmacéutico pueden tener profundas repercusiones en la salud de los niños. Debe alentarse a las empresas farmacéuticas a mejorar el acceso, la disponibilidad, la aceptabilidad y la calidad de los medicamentos para niños, teniendo en cuenta las directrices existentes . Además, los derechos de propiedad intelectual deben aplicarse de modo que se fomente la asequibilidad de los medicamentos .

58. La industria de los medios de comunicación, incluidos los sectores de la publicidad y la mercadotecnia, puede afectar tanto negativa como positivamente a los derechos del niño. En virtud del artículo 17 de la Convención, los Estados tienen la obligación de alentar a los medios de comunicación, incluidos los privados, a difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño, por ejemplo en relación con estilos de vida saludables. Los medios deben estar regulados de manera adecuada para proteger a los niños contra la información perniciosa, especialmente material pornográfico o material que presente o fomente la violencia, la discriminación y las imágenes sexualizadas de los niños, al tiempo que se reconoce el derecho de los niños a la información y la libertad de expresión. Los Estados deben alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices que velen por el pleno respeto de los derechos del niño, incluida su protección contra la violencia y las representaciones que perpetúen la discriminación, en toda la cobertura de los medios. Los Estados deben establecer excepciones en los derechos de autor que permitan la reproducción de libros y otras publicaciones impresas en formatos accesibles para los niños con discapacidad visual o de otro tipo.

59. Los niños pueden considerar que el contenido de los anuncios publicitarios transmitidos por los medios de comunicación es veraz e imparcial y, por consiguiente, pueden consumir y utilizar productos que son dañinos. La publicidad y la mercadotecnia también pueden influir poderosamente en la autoestima de los niños, por ejemplo cuando representan el cuerpo humano de forma poco realista. Los Estados deben velar por que la mercadotecnia y la publicidad no afecten negativamente a los derechos del niño y adoptar normas adecuadas y alentar a las empresas a que se adhieran a los códigos de conducta, etiqueten de manera clara y precisa los productos e informen a los padres y los niños de manera que puedan tomar decisiones bien fundadas como consumidores.

60. Los medios de comunicación digitales son motivo de especial preocupación, ya que muchos niños pueden acceder a Internet y ser también víctimas de la violencia, como el acoso cibernético, la captación con fines sexuales, la trata o el abuso y la explotación sexuales por medio de Internet. Aunque las empresas pueden no estar directamente involucradas en esos actos delictivos, pueden ser cómplices de esas violaciones mediante sus acciones. Por ejemplo, la utilización de niños en el turismo sexual puede ser facilitada por las agencias de viajes que operan en Internet, ya que permiten el intercambio de información y la planificación de actividades de turismo sexual. Las empresas que operan en Internet y las empresas emisoras de tarjetas de crédito pueden facilitar indirectamente la utilización de niños en la pornografía. Además de cumplir sus obligaciones dimanantes del Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, los Estados deben facilitar a los niños información apropiada para su edad sobre la seguridad en Internet, de manera que puedan afrontar los riesgos y saber a quién acudir en busca de ayuda. Deben coordinarse con el sector de la tecnología de la información y las comunicaciones para desarrollar y aplicar medidas adecuadas para proteger a los niños contra el material violento e inapropiado.

2. Medidas de aplicación
61. Generalmente, la falta de aplicación o el cumplimiento deficiente de las leyes que regulan las empresas plantean los problemas más críticos para los niños. Hay una serie de medidas que los Estados deben adoptar para garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos, entre otras:
a) Fortalecer los organismos reguladores responsables de la supervisión de las normas relativas a los derechos del niño, como la salud y la seguridad, los derechos del consumidor, la educación, el medio ambiente, el trabajo, y la publicidad y la mercadotecnia, de modo que cuenten con las competencias y los recursos suficientes para vigilar e investigar las denuncias y establecer y hacer aplicar recursos contra las violaciones de los derechos del niño;
b) Difundir las leyes y los reglamentos relativos a las empresas y los derechos del niño entre los interesados, incluidos los niños y las empresas;
c) Capacitar a los jueces y otros funcionarios administrativos, así como a los abogados y los proveedores de asistencia jurídica, para asegurar la correcta aplicación de la Convención y sus protocolos en lo que respecta a las empresas y los derechos del niño, las normas internacionales de derechos humanos y la legislación nacional pertinente y para promover el desarrollo de la jurisprudencia nacional; y
d) Proporcionar un recurso efectivo mediante mecanismos judiciales y extrajudiciales y facilitar el acceso efectivo a la justicia.

3. Los derechos del niño y la diligencia debida por las empresas
62. Para cumplir su obligación de adoptar medidas para velar por que las empresas respeten los derechos del niño, los Estados deben exigir a las empresas que procedan con la diligencia debida en lo que respecta a los derechos del niño. Esto garantizará que las empresas identifiquen, prevengan y mitiguen el impacto de sus operaciones en los derechos del niño, por ejemplo en sus relaciones comerciales y en las operaciones mundiales . Cuando exista un riesgo elevado de que una empresa se vea involucrada en violaciones de los derechos del niño debido a la naturaleza de sus operaciones o su ámbito de funcionamiento, los Estados deben exigir un proceso más estricto de diligencia debida y un sistema eficaz de vigilancia.

63. Cuando la diligencia debida en lo que respecta a los derechos del niño se subsume en un proceso más general de diligencia debida en materia de derechos humanos, es imperativo que las disposiciones de la Convención y sus protocolos facultativos influyan en las decisiones. Todo plan de acción o medidas adoptados para prevenir o remediar las violaciones de los derechos humanos deben tener una consideración especial hacia los efectos diferenciados sobre los niños.

64. Los Estados deben dar ejemplo y exigir que todas las empresas estatales ejerzan la diligencia debida en lo que respecta a los derechos del niño y comuniquen públicamente sus informes sobre las repercusiones de sus operaciones en los derechos del niño, incluida la presentación de informes periódicos. Los Estados deben condicionar el apoyo y los servicios públicos, como los ofrecidos por las entidades de crédito a la exportación, la financiación del desarrollo y los seguros de inversión a que las empresas apliquen la diligencia debida en lo que respecta a los derechos del niño.
65. En el marco de la diligencia debida respecto de los derechos del niño, se debe alentar y, cuando proceda, exigir a las grandes empresas que hagan públicos sus esfuerzos por abordar los efectos de sus operaciones en los derechos del niño. Esa información debe estar disponible, ser eficiente y comparable entre empresas e incluir las medidas adoptadas por las empresas para mitigar los efectos negativos potenciales y reales de sus operaciones en los niños. Las empresas deben publicar las medidas adoptadas para garantizar que los bienes y los servicios que producen o comercializan no conlleven violaciones graves de los derechos del niño, como la esclavitud o el trabajo forzoso. Cuando sea obligatorio presentar informes, los Estados deben poner en marcha mecanismos de control y verificación para garantizar su cumplimiento. Los Estados pueden apoyar la presentación de informes creando instrumentos para establecer puntos de referencia y reconocer el buen desempeño en lo que respecta a los derechos del niño.

B. Medidas de reparación
66. Los niños suelen encontrar dificultades para acceder al sistema de justicia para solicitar una reparación efectiva por abusos o violaciones de sus derechos cuando hay empresas involucradas. Pueden carecer de legitimación procesal, lo que les impide interponer una demanda. A menudo, los niños y sus familias desconocen sus derechos y los mecanismos y los procedimientos de que disponen para obtener reparación, o desconfían del sistema judicial. Cabe la posibilidad de que los Estados no siempre investiguen las infracciones de las leyes penales, civiles o administrativas cometidas por empresas. Hay enormes desequilibrios de poder entre los niños y las empresas y, a menudo, en los pleitos contra estas las costas son prohibitivas y no es fácil obtener representación letrada. Los casos que afectan a empresas se solucionan con frecuencia fuera de los tribunales y en ausencia de un corpus consolidado de jurisprudencia. En las jurisdicciones donde el precedente judicial es persuasivo los niños y sus familias tienen más probabilidades de abandonar los pleitos ante la incertidumbre que rodea a los resultados.

67. Existen dificultades particulares para obtener reparación en los casos de abusos en el contexto de las operaciones mundiales de las empresas. Las filiales u otras entidades pueden carecer de seguros o tener una responsabilidad limitada; la estructura de las empresas transnacionales en entidades separadas puede dificultar la identificación y atribución de responsabilidades jurídicas individuales; el acceso a la información y a las pruebas en distintos países puede resultar problemático al presentar y defender una demanda; puede ser difícil obtener asistencia jurídica en jurisdicciones extranjeras y se pueden utilizar diversos obstáculos jurídicos y de procedimiento para invalidar las demandas extraterritoriales.

68. Los Estados deben centrar su atención en eliminar las barreras sociales, económicas y jurídicas a fin de que los niños tengan en la práctica acceso a mecanismos judiciales eficaces, sin discriminación de ningún tipo. Debe informarse a los niños y a sus representantes de los medios de reparación existentes, por ejemplo a través de los planes educativos escolares, los centros juveniles o los programas de base comunitaria. Deben poder iniciar actuaciones por derecho propio y tener acceso a asistencia jurídica y al apoyo de abogados y proveedores de esa asistencia para entablar acciones contra las empresas en igualdad de condiciones. Los Estados que carezcan de disposiciones para la presentación de denuncias colectivas, como acciones colectivas o litigios de interés público, deben introducirlas para mejorar el acceso a los tribunales de un gran número de niños afectados de igual manera por las operaciones empresariales. Puede que los Estados tengan que prestar asistencia especial a los niños que encuentran obstáculos para acceder a la justicia, por ejemplo por motivos de idioma o de discapacidad o porque son muy pequeños.

69. La edad no debería ser un obstáculo para que un niño ejerza el derecho a participar plenamente en el proceso judicial. Asimismo, deben prepararse disposiciones especiales para los niños víctimas y testigos en los procedimientos civiles o penales, en consonancia con la Observación general Nº 12 del Comité. Además, los Estados deben aplicar las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos . Deben respetarse la confidencialidad y la privacidad, y los niños deben estar informados acerca de los progresos en todas las etapas del proceso, otorgando la debida importancia a la madurez del niño y a las dificultades de habla, idioma o de comunicación que pudiera tener.

70. El Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía dispone que los Estados deben promulgar legislación penal que también se aplique a las personas jurídicas, incluidas las empresas. Los Estados deben estudiar la posibilidad de aprobar alguna forma de responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluidas las empresas, u otra forma de responsabilidad jurídica que tenga el mismo efecto disuasorio, en los casos relativos a violaciones graves de los derechos del niño, como el trabajo forzoso. Los tribunales nacionales deben tener jurisdicción sobre esas violaciones graves, de conformidad con las normas de competencia aceptadas.

71. Los mecanismos extrajudiciales, como la mediación, la conciliación y el arbitraje, pueden ser opciones útiles para dirimir las controversias relativas a los niños y las empresas. Deben estar disponibles sin perjuicio del derecho al recurso judicial. Esos mecanismos pueden desempeñar un papel importante, en paralelo a los procesos judiciales, siempre y cuando se ajusten a la Convención y sus protocolos facultativos y a los principios y las normas internacionales de eficacia, celeridad, garantías procesales e imparcialidad. Los mecanismos de reclamación establecidos por las empresas pueden ofrecer soluciones flexibles y oportunas y, en ocasiones, puede redundar en favor del interés superior del niño que se resuelvan por esos medios las preocupaciones planteadas en cuanto a la conducta de una empresa. Estos mecanismos deben atenerse a determinados criterios, como ser accesibles, legítimos, predecibles, equitativos, compatibles con los derechos, transparentes, ser una fuente de aprendizaje continuo y basarse en el diálogo . En todos los casos, debe facilitarse el acceso a los tribunales o la revisión judicial de los recursos administrativos y otros procedimientos.

72. Los Estados deben hacer todo lo posible para facilitar el acceso a los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluido el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, de manera que un niño o un grupo de niños, o un tercero que actúe en su nombre, puedan obtener reparación cuando el Estado no haya respetado, protegido y hecho efectivos de manera adecuada los derechos del niño en relación con las actividades y las operaciones empresariales.

C. Medidas de política
73. Los Estados deben fomentar una cultura empresarial que comprenda y respete plenamente los derechos del niño. Para ello, deben incluir la cuestión de los derechos del niño y las empresas en el contexto general del marco de la política nacional para la aplicación de la Convención. Deben elaborar directrices que establezcan expresamente las expectativas del gobierno para que las empresas respeten los derechos del niño en el contexto de sus propias actividades comerciales, así como en las relaciones comerciales vinculadas a las operaciones, los productos o los servicios y las actividades en el extranjero cuando operan a nivel transnacional. Las directrices deben incluir la aplicación de políticas de tolerancia cero ante la violencia en todas las actividades y las operaciones empresariales. Según sea necesario, los Estados deben destacar y alentar la adhesión a las iniciativas de responsabilidad empresarial pertinentes.

74. En muchos contextos, las pequeñas y medianas empresas representan una gran parte de la economía y es particularmente importante que los Estados les faciliten orientación y apoyo adaptados y fáciles de obtener sobre la forma de respetar los derechos del niño y cumplir la legislación nacional, evitando al mismo tiempo cargas administrativas innecesarias. Los Estados también deben alentar a las empresas más grandes a que utilicen su influencia sobre las pequeñas y medianas empresas para fortalecer los derechos del niño en todas sus cadenas de valor.

D. Medidas de coordinación y vigilancia
1. Coordinación
75. La plena aplicación de la Convención y sus protocolos facultativos requiere una coordinación intersectorial efectiva entre los organismos y los departamentos gubernamentales y en los distintos niveles de gobierno, desde el local hasta el regional y el central . Por lo general, los departamentos y los organismos que se ocupan directamente de las políticas y las prácticas empresariales trabajan independientemente de aquellos que tienen responsabilidad directa en los derechos del niño. Los Estados deben cerciorarse de que los órganos gubernamentales, así como los parlamentarios, que determinan el derecho y la práctica de las empresas sean conscientes de las obligaciones del Estado respecto de los derechos del niño. Pueden necesitar información, capacitación y apoyo pertinentes para contar con lo necesario a fin de asegurar el pleno cumplimiento de la Convención cuando elaboren leyes y políticas y concierten acuerdos económicos, comerciales y de inversión. Las instituciones nacionales de derechos humanos pueden desempeñar un papel importante como catalizadores al vincular a diferentes departamentos gubernamentales que se ocupan de los derechos del niño y del sector empresarial.

2. Vigilancia
76. Los Estados tienen la obligación de vigilar las infracciones de la Convención y sus protocolos facultativos cometidas por las empresas, incluidas sus operaciones mundiales, o en las que hayan participado. Esto puede lograrse, por ejemplo, recopilando datos que puedan utilizarse para detectar los problemas y contribuir a la elaboración de políticas; investigando los abusos; colaborando con la sociedad civil y las instituciones nacionales de derechos humanos; y haciendo que las empresas rindan cuentas públicamente presentando informes sobre las repercusiones de sus operaciones en los derechos del niño para evaluar su desempeño. En particular, las instituciones nacionales de derechos humanos pueden participar, por ejemplo recibiendo, investigando y mediando en las denuncias de violación, realizando investigaciones públicas de los abusos a gran escala, mediando entre las partes en situaciones de conflicto y examinando las leyes para velar por el cumplimiento de la Convención. Cuando sea necesario, los Estados deben ampliar el mandato legislativo de las instituciones nacionales de derechos humanos para dar cabida a las cuestiones relativas a los derechos del niño y las empresas.

77. Cuando los Estados elaboren estrategias y planes de acción nacionales para la aplicación de la Convención y sus protocolos facultativos, deben incluir una referencia explícita a las medidas necesarias para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos del niño en las actividades y las operaciones empresariales. Los Estados también deben velar por el seguimiento de los progresos en la aplicación de la Convención en las actividades y las operaciones empresariales. Esto puede lograrse a nivel interno mediante la utilización de valoraciones y evaluaciones del impacto en los derechos del niño, así como mediante la colaboración con otros órganos, como los comités parlamentarios, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones profesionales y las instituciones nacionales de derechos humanos. Un elemento de la vigilancia debe ser recabar directamente de los niños sus opiniones sobre los efectos de las operaciones de las empresas en sus derechos. Pueden utilizarse diferentes mecanismos de consulta, como los consejos y los parlamentos de jóvenes, los medios sociales, los consejos escolares y las asociaciones infantiles.

3. Evaluación del impacto en los derechos del niño
78. Para que el interés superior del niño sea una consideración primordial al formular y aplicar disposiciones legislativas y políticas sobre las empresas en todos los niveles gubernamentales, deben evaluarse continuamente los efectos sobre los derechos del niño. Las evaluaciones pueden prever las consecuencias de cualquier política, legislación, norma, decisión presupuestaria o decisión administrativa de otro tipo que se haya propuesto relacionadas con las empresas y que afecten a los niños y al disfrute de sus derechos y deben complementar la vigilancia y la evaluación continuas de los efectos de las leyes, las políticas y los programas sobre los derechos del niño.

79. Pueden desarrollarse metodologías y prácticas diferentes al emprender las evaluaciones del impacto en los derechos del niño. Como mínimo, deben utilizar el marco de la Convención y sus protocolos facultativos, así como las observaciones finales y las observaciones generales pertinentes publicadas por el Comité. Cuando los Estados realicen evaluaciones más amplias de los efectos de las políticas, las leyes o las prácticas administrativas relacionadas con las empresas, deben asegurarse de que esas evaluaciones se sustenten en los principios generales de la Convención y sus protocolos facultativos y prestar especial atención a los efectos diferenciados de las medidas en cuestión sobre los niños.

80. Las evaluaciones de los efectos sobre los derechos del niño pueden utilizarse para examinar las repercusiones en todos los niños afectados por las actividades de una empresa o de un sector en particular, además de incluir la evaluación de los efectos diferenciados de las medidas sobre determinados grupos de niños. La evaluación en sí misma puede basarse en las aportaciones de los niños, la sociedad civil y los expertos, así como de los departamentos gubernamentales pertinentes, la investigación académica y las experiencias documentadas en el país o en otros lugares. El análisis debería traducirse en recomendaciones de enmiendas, opciones y mejoras, y ponerse a disposición del público.

81. Para garantizar un proceso imparcial e independiente, el Estado podrá estudiar la posibilidad de nombrar un agente externo para dirigir el proceso de evaluación. Esto puede tener importantes ventajas, pero el Estado, en su condición de parte responsable en última instancia del resultado, debe asegurarse de la competencia, integridad e imparcialidad del agente encargado de realizar la evaluación.

E. Medidas de colaboración y concienciación
82. Si bien es el Estado quien asume las obligaciones que impone la Convención, la tarea de su puesta en práctica debe involucrar a todos los sectores de la sociedad, incluidas las empresas, la sociedad civil y los propios niños. El Comité recomienda que los Estados adopten y apliquen una estrategia amplia para informar y educar a todos los niños, los padres y los cuidadores sobre la responsabilidad que tienen las empresas de respetar los derechos del niño, dondequiera que operen, entre otras cosas mediante comunicaciones adaptadas a los niños y adecuadas para su edad, por ejemplo impartiendo educación y concienciando sobre cuestiones financieras. La educación, la formación y la sensibilización acerca de la Convención también deben orientarse a las empresas para destacar la condición del niño como titular de derechos humanos, alentar el respeto activo de todas las disposiciones de la Convención y cuestionar y eliminar las actitudes discriminatorias respecto de todos los niños y, sobre todo, de aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables y desfavorecidas. En este contexto, debe alentarse a los medios de comunicación a ofrecer a los niños información sobre sus derechos en relación con las empresas y crear conciencia entre las empresas sobre la responsabilidad que les incumbe de respetar los derechos del niño.

83. El Comité subraya que las instituciones nacionales de derechos humanos pueden intervenir para crear conciencia sobre las disposiciones de la Convención entre las empresas, por ejemplo formulando y difundiendo políticas y orientaciones sobre las buenas prácticas para las empresas.

84. La sociedad civil desempeña un papel fundamental en la promoción y la protección independientes de los derechos del niño en el contexto de las operaciones empresariales. Esto incluye tareas de vigilancia y de exigencia de responsabilidades a las empresas; apoyo a los niños para que tengan acceso a la justicia y a los recursos; contribución a las evaluaciones del impacto en los derechos del niño; y concienciación entre las empresas sobre la responsabilidad que les incumbe de respetar los derechos del niño. Los Estados deben crear las condiciones necesarias para que haya una sociedad civil activa y vigilante, incluido el apoyo y la colaboración eficaz con las organizaciones independientes de la sociedad civil, las organizaciones dirigidas por niños y por jóvenes, el mundo académico, las cámaras de comercio e industria, los sindicatos, las asociaciones de consumidores y las instituciones profesionales. Los Estados deben abstenerse de interferir en esas y otras organizaciones independientes y facilitar su participación en las políticas y los programas públicos relacionados con las empresas y los derechos del niño.

VII. Difusión
85. El Comité recomienda a los Estados que difundan ampliamente la presente observación general en los parlamentos y en todos los sectores del gobierno, incluidos los ministerios, los departamentos y los órganos a nivel municipal o local dedicados a las cuestiones empresariales, y entre los responsables de las cuestiones de comercio e inversión en el extranjero, como los organismos de asistencia para el desarrollo y las misiones en el extranjero. La presente observación general debe distribuirse a las empresas, incluidas las que operan a nivel transnacional, así como a las pequeñas y medianas empresas y a los agentes en el sector no estructurado. También debe distribuirse y difundirse entre los profesionales que trabajan para los niños y con ellos, incluidos los jueces, los abogados y los proveedores de asistencia jurídica, los maestros, los tutores, los trabajadores sociales, los funcionarios de las instituciones públicas y privadas de protección social, así como entre todos los niños y la sociedad civil. Para ello será necesario traducirla a los idiomas pertinentes, elaborar y difundir versiones accesibles y adaptadas a los niños, organizar talleres y seminarios para examinar sus consecuencias y la mejor manera de llevarla a la práctica e incorporarla a la formación de todos los profesionales competentes.

86. Los Estados deben incluir en sus informes periódicos al Comité información sobre los problemas que encuentran y las medidas que hayan adoptado para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos del niño en el contexto de las actividades y operaciones empresariales en los planos nacional y, cuando proceda, transnacional.

 

 Convención sobre los Derechos del Niño -CDN-
Es un tratado internacional de las Naciones Unidas que deposita en los Estados el rol de garante de los derechos de las personas menores de 18 años a desarrollarse en medios seguros y a participar activamente en la sociedad.
Data de 1989 y está compuesta por 54 artículos. Link a UNICEF pdf

Su Importancia - Por primera vez, se reconoce a los niños y niñas como sujetos de derecho, y se posiciona a las personas adultas como sujetos de responsabilidades. El carácter de convención supera el criterio de una declaración, significando que los Estados participantes adquieren la obligación de garantizar su cumplimiento.

El siguiente texto es un resumen extraoficial de la Convención sobre los Derechos del Niño.
El Preámbulo - recuerda los Principios básicos de las Naciones Unidas y las provisiones específicas de ciertos tratados y proclamaciones de derechos humanos. Confirma el hecho de que los niños necesitan un trato y protección especial a causa de su vulnerabilidad, y pone un especial énfasis en la responsabilidad fundamental de la familia en el cuidado y la protección de los niños. También reafirma la necesidad de protección legal y de otra índole del niño antes y después de su nacimiento, la importancia del respeto a los valores culturales de la comunidad del niño y el papel crucial de la cooperación internacional para asegurar los derechos del niño.
Fuente: UNICEF, Derechos del Niño y Principios Empresarios. sic

Protocolos facultativos que complementan la CDN
... relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000,entrada en vigor el 18 de enero de 2002.
... relativo a la participación de niños en los conflictos armados, Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000, entrada en vigor el 12 de febrero de 2002.2
... relativo al procedimiento de comunicaciones; Resolución A/RES/66/138, entrada en vigor el 28 de mayo de 2012.3

Observaciones Generales - Son documentos que de forma periódica elabora el Comité de los Derechos del Niño para ayudar a la adecuada interpretación y aplicación de los derechos de la infancia según la CDN. Considerada como  documento vivo, la aplicación de los artículos de la CDN debe ser objeto de constante supervisión. Estos textos se pueden aplicar para abordar aquellos aspectos sobre los que el Comité constata que falta la debida atención, en los que se incurre habitualmente en interpretaciones erróneas o insuficientes, o bien surge la necesidad de abordar nuevos aspectos de creciente preocupación. En total se han publicado 17 Observaciones Generales sobre campos de la educación, el VIH/sida, la salud en general, el trato hacia las personas menores de edad no acompañadas y separadas de su familia fuera de su país de origen, la protección contra los castigos corporales, los derechos de niñas y niños con discapacidad, la justicia de menores, la situación de la infancia indígena, el derecho a la participación, el derecho a no ser objeto de ninguna forma de violencia, el principio del interés superior, el derecho al juego y una observación sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos de niñas y niños.

Observación General Nº 6 (2005) Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen - Link a UNICEF pdf

Seguimiento del cumplimiento de la Convención - Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité de los Derechos del Niño informes sobre las medidas que adopten para dar efecto a los derechos reconocidos en la Convención y sobre el progreso que hayan realizado las medidas tomadas. Los informes recogen también las circunstancias y dificultadas, si las hay, que afectan al grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención.
El primer informe ha de entregarse en el plazo de dos años a partir de la fecha en la que entre en vigor la Convención para cada Estado Parte. En lo sucesivo, cada cinco años. Además, los Estados tienen obligación de difundir entre el público de sus respectivos países los informes elaborados.
Fuente - adaptación desde Wikipedia info

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
Con la sanción de la Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en el año 2005, se inaugura una nueva etapa en la historia de la infancia en el país que pone fin a casi cien años de patronato. A partir de la aplicación de esta norma, niños, niñas y adolescentes dejan de ser entendidos como objetos bajo la tutela del Estado para pasar a ser reconocidos como sujetos de pleno derecho.
La Ley 26.061 abre el camino hacia una nueva institucionalidad por medio de la creación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, organismo del Poder Ejecutivo Nacional especializado en infancia y familia; y del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, órgano deliberativo, consultivo y planificador de políticas públicas para la infancia y la adolescencia en todo el territorio, teniendo en cuenta y trabajando desde las distintas realidades del país.
Más información oficial online

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia - Protección integral de niñas, niños y adolescentes.
La SENNAF es un organismo del Estado creado por la Ley 26.061. Tiene como misión instalar políticas públicas que garanticen el pleno cumplimiento de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta misión está enmarcada en una visión integral y federal que este nuevo Estado presente, promotor y rector sostiene.
El organismo, tiene como prioridad la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que se profundiza por medio de abordajes transversales, interministeriales, promoviendo la equidad territorial.
Más información oficial pdf

Documentos -
Situación de Niños, Niñas y Adolescentes, sin cuidados parentales en la República Argentina
. Relevamiento nacional y propuestas para la promoción y el fortalecimiento del derecho a la convivencia familiar y comunitaria pdf

Jornada Familia y Comunidad -cuadernillo de capacitación-  pdf

Encuesta sobre Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia

Es la primera encuesta desarrollada en Argentina destinada exclusivamente a la niñez y adolescencia. La llevó a cabo la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con apoyo técnico y financiero de UNICEF. Se presentó en julio de 2013.


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Introducción - Derechos del Niño y Principios Empresarios -UNICEF, Pacto Global, Save the children 

Los niños menores de 18 años constituyen casi un tercio de la población mundial. En muchos países los niños, niñas y adolescentes representan casi la mitad de la población nacional. Es inevitable que las empresas, ya sean grandes o pequeñas, interactúen con niños y afecten sus vidas de un modo directo e indirecto. Los niños son actores clave para las empresas, ya sea como consumidores, familiares de trabajadores, jóvenes trabajadores y como futuros empleados y líderes empresariales.
Del mismo modo, los niños son miembros importantes de las comunidades y los entornos en los que actúan las empresas.
La creciente atención que se le viene dedicando al papel de la empresa en la sociedad, en paralelo a los gobiernos y a otros actores sociales,
así como la puesta de manifiesto de las conexiones entre empresa y derechos humanos, hacen que una focalización explícita sobre el impacto que tienen las empresas en los niños sea muy pertinente.
Es evidente que los niños se encuentran entre los miembros más marginados y vulnerables de la sociedad, ya que muchas veces su voz es desoída. En raras ocasiones se les consulta durante el proceso de toma de decisiones de la comunidad, incluso acerca de cuestiones que les afectan directamente, como la planificación de escuelas y áreas recreativas. Sin embargo, cuando se les ha ofrecido la oportunidad de participar, los niños han demostrado que son capaces de proporcionar importantes puntos de vista alternativos y de realizar valiosas contribuciones.

El impacto de la actividad empresarial sobre el niño puede ser duradero e incluso irreversible. La infancia es un periodo único de rápido desarrollo físico y psicológico, durante el cual se puede alterar de un modo permanente la salud física, mental y emocional de los niños para bien o para mal. Una alimentación adecuada, agua limpia, cuidado y afecto son esenciales durante los años de desarrollo del niño para su supervivencia y salud.
Los niños también son afectados por los riesgos cotidianos de un modo diferente y más severo que a los adultos. A causa de su fisiología, los niños absorben un mayor porcentaje de los agentes contaminantes a los que se encuentran expuestos y, como resultado, su sistema inmune se ve comprometido y se vuelve más vulnerable.
Los niños empleados o afectados negativamente por una actividad empresarial son a menudo invisibilizados. Los ejemplos típicos incluyen el trabajo infantil ilegal en la cadena de suministros, la presencia de niños en los alrededores o en el interior de instalaciones empresariales, la contratación de niños como empleados domésticos en los alojamientos para trabajadores, la exposición de niños a productos industriales, el arresto y detención de niños por los servicios de seguridad de la compañía y una inadecuada atención a los hijos de trabajadores migrantes dejados en casa durante el horario laboral.
Hasta la fecha, el reconocimiento de la responsabilidad de las empresas hacia la infancia con frecuencia se ha centrado en la prevención y eliminación del trabajo infantil. Los Derechos del Niño y Principios Empresariales, además de reforzar las pautas y acciones necesarias para prevenir y eliminar el trabajo infantil, subrayan la diversidad de formas en que las empresas afectan a la infancia. Esto incluye el impacto de todas sus operaciones empresariales: sus productos, servicios, métodos de marketing y prácticas de distribución, así como sus relaciones con los gobiernos nacionales y locales, y su inversión en comunidades locales.

El respeto y respaldo de los derechos del niño por parte de las empresas requiere tanto prevenir daños como salvaguardar de forma activa los intereses de los niños. Al integrar el respeto y el apoyo a los derechos del niño dentro de sus estrategias y operaciones esenciales, las empresas
pueden fortalecer sus actuales iniciativas de responsabilidad social corporativa y al mismo tiempo avanzar los intereses de su actividad comercial. Dichos esfuerzos pueden aumentar la reputación, mejorar la gestión de riesgos y asegurar su ‘licencia social para operar’. Un compromiso con la niñez también puede ayudar en la contratación de personal y en el mantenimiento de una plantilla motivada. Apoyar a los trabajadores en su papel como padres y cuidadores, fomentar el empleo de los jóvenes y generar talento son algunos de los pasos que las empresas pueden dar. Considerar cómo los productos y servicios pueden ajustarse mejor a las necesidades de los niños también puede ser una fuente de innovación y creación de nuevos mercados. Finalmente, trabajar en favor de la infancia ayuda a construir comunidades sólidas y bien educadas, que son vitales para un entorno empresarial estable, sostenible e inclusivo.
Los Derechos del Niño y Principios Empresariales proporcionan un marco general para entender y tratar el impacto del mundo empresarial en el bienestar de los niños. Save the Children, el Pacto Global de la ONU y UNICEF esperan que estos Principios sirvan de inspiración y orientación para todas las empresas en sus interacciones con la infancia.

Nota - Al documento completo pdf

10 de enero de 2014 - Se presentó la primera publicación en el país, con la finalidad de apoyar la práctica periodística. La herramienta fue editada a través del Ministerio de Derechos Humanos de Salta, con apoyo de UNICEF, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Defensoría del Público.

-desde la imagen puede descargarse el documento original, web UNICEF-

El Gobierno de la Provincia de Salta presentó en Buenos Aires la publicación “Los chicos, las chicas y sus derechos en la comunicación”, una guía que busca promover el tratamiento periodístico adecuado de las temáticas de niñez y adolescencia. El acto se realizó en la Casa de Salta.
Participaron del acto el secretario de Niñez Adolescencia y Familia de Nación, Gabriel Lerner y el representante de Salta ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA) y el Consejo Asesor de Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI), Federico Dada.
También asistieron, el secretario de Estado de Casa de Salta, Sergio Etchart; la defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación, Cynthia Ottaviano y María José Ravalli (Comunicación de UNICEF).

En los distintos discursos de las autoridades, se resaltó como desafío la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a través de la autorregulación de los medios de comunicación y la proliferación de contenidos que tiendan a mejorar aspectos de la educación y la calidad de vida de los mismos.
El representante de Salta ante el AFSCA, COFECA y CONACAI, Federico Dada, indicó que la Guía apunta a reflexionar sobre el rol que cumplen los medios de comunicación y reforzar también el papel de los Estados Nacionales ante la vulneración de los derechos de los niños.
“Tiene que ver con un conjunto de recomendaciones a seguir partiendo de la idea que el periodismo y la comunicación dan a conocer múltiples informaciones y actúan como formadores de opinión”, afirmó Dada.
En esta línea, el secretario de Niñez Adolescencia y Familia de Nación, Gabriel Lerner destacó la importancia de la publicación en tanto “existe inevitablemente una tarea de educación y sensibilización en los medios que trasciende a la educación en las escuelas y el seno familiar”, añadió.
Lerner insistió además en la importancia de la autorregulación en los medios de comunicación y la responsabilidad y compromiso por parte de los licenciatarios.
Por su parte, la defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación, Cynthia Ottaviano, expresó que la guía forma parte de las acciones que condicen y amplían en concepto de la Ley N° 26.522. “Los medios trabajan con la noticia y la información pero la información no es una mercancía sino un derecho”, indicó.
sic Fuente: Gobierno de la Provincia de Salta

“Por consenso académico, se determina los 12 años como punto de inflexión momento en el cual el niño ha desarrollado su conducta como consumidor y puede efectivamente reconocer el contenido de la publicad y pueden desarrollar un pensamiento crítico acerca de ella. Sin embargo, pese a que se considere que los niños entre 6 y 12 años en líneas generales comprenden el carácter persuasivo de la publicidad, se debe protegerlos y tomar medidas adecuadas a su edad dato a que esta capacidad crítica puede no haberse desarrollado.
Los peligros que pueden generar publicidades irresponsables son altos porque pueden poner en riesgo la integridad física y mental de los niños cuando muestran prácticas peligrosas (aparentemente inofensivas pero que sin la supervisión de un adultos pueden serlo), hábitos alimenticios no saludables, imágenes estereotipadas de familia o del género femenino, mensajes discriminatorios u ofensivos, entre muchas otras cosas. El porcentaje de empresas que no cuentan con políticas de comunicación que protejan a los niños es elevado considerando estos riesgos potenciales. … Todo aquel que trabaje con niños … deberá considerar que los niños se enfrentan a riesgos diferentes que los adultos en el lugar de trabajo y que las niñas pueden enfrentarse a peligros diferentes que los niños”. -páginas 17-
El Informe Comunicación, Marketing e Infancia contiene Recomendaciones para empresas en la promoción de prácticas responsables hacia los niños, niñas y adolescentes. EXI hizo su presentación en la Jornada de Diálogo e Intercambio del 6 de noviembre de 2013. -el documento completo en la web de UNICEF, desde la imagen-
 

América Latina, a la cabeza del turismo sexual infantil

Un mapa realizado con datos de UNICEF demuestra que los niños de México, Brasil, Colombia, Perú y Argentina son los más afectados por los extranjeros que hacen uso de la prostitución de menores.

UNICEF calcula que alrededor de 1,8 millones de niños y niñas sufren la explotación sexual en todo el mundo, aunque tanto esta organización como la principal red de lucha contra este flagelo, Ecpat International, reconocen que trabajan en función de aproximaciones y extrapolaciones.
Ambas entidades afirman que la mayoría de los turistas que recurren a la prostitución infantil son ocasionales, porque no van expresamente en su búsqueda. "Simplemente se encuentran con disponibilidad de estos niños y se aprovechan de ello", asegura Selma Fernández, responsable del Programa de Prevención de la Explotación sexual Comercial Infantil de la red Ecpat International.
En algunos países es fácil y barato, e incluso ropa y comida son intercambiados por sexo. Y aunque al mismo tiempo Ecpat señala que este fenómeno puede producirse en cualquier lugar y contexto, la pobreza y la desigualdad son factores clave para su concreción.
Dentro de este contexto, las dos organizaciones denuncian que cada vez son más los ciudadanos de Europa, Estados Unidos y Canadá que aprovechan la vulnerabilidad de niños en Centro y Sudamérica, con especial interés en México, Brasil, Colombia, Perú y Argentina.
La dificultad para abordar esta grave problemática se debe en parte a que muchos Estados lo ocultan, y por eso no hay estadísticas homogéneas. "Al tratarse de una actividad ilegal no reconocida como un problema en algunas culturas o países, sumado a su invisibilidad, hace que se desconozca el verdadero alcance y naturaleza del fenómeno", agrega Fernández.
Sin embargo, Ecpat indica que diversos estudios parecen indicar que, lejos de disminuir, la tendencia es creciente. Porque a pesar de que algunas medidas y campañas están dando resultado, como sucede en Tailandia, uno de los destinos predilectos para el turismo sexual infantil, los países cercanos aprovechan para tomar el relevo, como hacen Camboya o Vietnam.

¿Una solución?
Una de las líneas de trabajo para erradicar esta práctica es el Código de Conducta que más de 1.000 actores turísticos del mundo (aerolíneas, agentes de viaje y hoteles, entre otros) han firmado.
Este documento los compromete a luchar de forma activa contra la prostitución infantil en estos sentidos: "Establecer una política ética corporativa contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes; formar a su personal tanto en el país de origen como en los países de destino; introducir una cláusula en los contratos con proveedores estableciendo el rechazo común de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes; proporcionar información a los usuarios (turistas) por medio de catálogos, folletos, videos durante los vuelos, etiquetas en los billetes, páginas web; proporcionar información a los agentes locales clave en cada destino; e informar anualmente sobre la implementación de estos puntos".
Uno de los buenos ejemplos es el de los policías turísticos de la República Dominicana. Con su cooperación y la de los agentes hoteleros, en el país caribeño se ha logrado que sea casi imposible ver a un adulto entrando con un menor sin parentesco a un hotel sin que salten las alarmas, según publica el periódico El País.
Sin embargo, un informe de Ecpat de 2008 que la organización asegura que todavía está en vigor admite que son muy pocos los turistas sexuales ocasionales detenidos, juzgados y condenados. "Esto tal vez sea porque generalmente no producen imágenes del abuso perpetrado ni recurren a medios extremos para practicar el turismo sexual con niños y adolescentes, como comunicarse con redes de pedófilos o intercambiar pornografía", señala Lorena Cobas, responsable de emergencias del comité español de la agencia de la ONU para la infancia.
sic Fuente: Infobae,